Piden reformas en Latinoamérica para garantizar acceso igualitario a Justicia

Washington.-  Varias organizaciones alertaron hoy sobre las barreras culturales, lingüísticas y económicas que obstaculizan en Latinoamérica el acceso a la Justicia, sobre todo de indígenas, y pidieron a los gobiernos reformas para garantizar este derecho.

Ese problema fue expuesto por la Fundación para el Debido Proceso Legal, el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro de Estudios de Justicia y Participación (CEJIP) y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) en una audiencia celebrada en el marco del 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los peticionarios destacaron durante su intervención que el Poder Judicial "no llega a todos los rincones del continente", y subrayaron que "este ideal es difícil de alcanzar por los escasos recursos y la falta de personal que se destina en Latinoamérica a las instituciones jurídicas, sobre todo a nivel regional y local.

Javier La Rosa, portavoz de IDL, subrayó que, con esta audiencia, las organizaciones juristas y defensoras de derechos humanos quieren "demostrar" que el acceso igualitario a la Justicia "es insuficiente" en Latinoamérica y que es de "relevancia" que los Estados remuevan los obstáculos existentes.

Según La Rosa, en Latinoamérica existen principalmente tres barreras que impiden a los ciudadanos acceder en condiciones igualitarias a la Justicia: culturales, lingüísticas y económicas.

Esos obstáculos afectan en particular a los pueblos indígenas.

De acuerdo con el IDL, los Estados "desconocen" que dentro de un mismo país existen varias culturas e idiomas, lo que ha provocado una "vulneración y discriminación" de ciertas partes de la sociedad, como los indígenas, que han recurrido a sus propios sistemas para resolver sus conflictos y disputas.

En este contexto, las organizaciones lamentaron que ningún Estado -salvo Colombia- que ha reconocido la jurisdicción indígena, ha desarrollado una normativa a nivel estatal para establecer ciertos criterios, como el reparto de competencias, la coordinación entre las diferentes instituciones o los límites al derecho indígena.

En lo que se refiere a las barreras lingüísticas, las organizaciones destacaron la "ausencia generalizada" de intérpretes para idiomas indígenas, algo que, dijeron, "es grave para países que se caracterizan como multiculturales y multilingüísticos".

Tampoco "existen mayores exigencias" para los abogados, de manera que dominen la cultura y el idioma de los indígenas. Una excepción representan Chile y Guatemala, donde hay defensores indígenas.

Por su parte, existen barreras económicas que impiden a los pobres acceder a la Justicia por no poder afrontar los costes de los abogados y de los procesos judiciales.

Por último, los peticionarios subrayaron que en la mayoría de países latinoamericanos existe un sistema de defensa pública, pero, se quejaron de que éste se centra sobre todo en temas penales y deja en una situación de indefensión a las personas que necesitan asesoramiento legal para otros litigios.

Este problema afecta especialmente a las mujeres indígenas que son víctimas de violencia doméstica y que no tienen "respuestas idóneas" para poder afrontar este problema, explicó La Rosa.