Entonces, ¿podemos quemar las fotos del Rey?

La Audiencia Nacional ha absuelto a las 16 personas acusadas del delito de injurias al Rey por la quema de imágenes del Monarca. Sí, ese mismo delito por el que dos personas fueron condenadas hace menos de un año a pagar una multa de 2.700 euros. ¿A qué se debe la diferencia de criterio entre ambas resoluciones? ¿Qué ha cambiado desde entonces?

(EFE)

"Yo también quemo la Corona española", se lee en la camiseta de los acusados.

La principal diferencia entre ambos casos estriba en la actitud de la Fiscalía a la hora de calificar los hechos. En su escrito de calificaciones previas, el representante del Ministerio Público, Luis Barroso, había acusado a los 16 independentistas de un delito de injurias graves a la Corona, igual que ocurrió durante el juicio a Stern y Roura, los dos independentistas que finalmente resultaron condenados. Sin embargo, en el último momento, Barroso ha decidido rebajar su petición inicial y solicitar para los acusados una multa de 500 euros por una falta leve de desórdenes públicos.

Curiosamente, en su declaración, todos los acusados reconocieron haber quemado "fotocopias" de fotografías de los Reyes durante la manifestación antimonárquica de Girona, pero negaron la existencia de desorden público, al asegurar que se trató de un acto "cívico y pacífico". En la misma línea, uno de los agentes de los Mossos d'Esquadra que intervino como testigo en la vista aseguró que, durante la manifestación, se quemaron fotocopias, pero que "no hubo altercados, ni daños al mobiliario, ni ataques a otras personas".

¿Cómo se puede justificar esta diferencia de criterio por parte del Fiscal? El representante del Ministerio Público no tenía la obligación de motivar ese cambio de postura, por lo que más de uno se ha quedado con ganas de preguntárselo y de recibir una explicación. Uno de ellos ha sido el propio juez encargado del caso, Vázquez Honrubia, quien ha calificado como "incomprensible" la modificación. La decisión también ha sorprendido a los colectivos afines a los acusados. Martin Majoral, miembro de Alerta Solidària, uno de los colectivos que organizaron la manifestación en la que se produjo la quema de imágenes ha reconocido que esperaban una sentencia condenatoria.

"Es cierto que se venía aflojando la presión y la persecución sobre este tipo de actividades. Pero, aun así, imaginábamos que habría una condena", ha reconocido Martí, quien añade que el cambio de actitud responde a decisiones que se han tomado "desde arriba". Es una práctica normal que el Fiscal General del Estado introduzca ciertas pautas a seguir, ya que el Ministerio Fiscal se rige por el principio de dependencia jerárquica, con el fin de asegurar la unidad de criterios y la interpretación homogénea de la ley. Sin embargo, Martí no entiende que este tipo de consignas se hagan "sin el conocimiento de los ciudadanos", como si fueran oscuras consignas privadas, lo que no casa con un "Estado de Derecho".

Desde los círculos afines a la acusación también se habla de las posibles motivaciones políticas que han guiado el cambio de postura del Fiscal. Jordi Busquets, un abogado que pertenece a un despacho que ha representado a personas encausadas por el delito de injurias al Rey, asegura que "ha sido una decisión política, realizada después de un balance de costes políticos". "El partido gobernante se ha dado cuenta que la sociedad catalana estaba cansada de este tipo de juicios y que se le estaba escapando la situación de las manos", ha añadido Martí.

Pero no se trata de las únicas entidades que han criticado la actuación del Fiscal. Desde partidos y asociaciones con sensibilidades totalmente opuestas al independentismo catalán, como UPyD, Ciutadans o Convivencia Cívica Catalana han criticado la resolución de hoy. El Partido Popular, por su parte, ha anunciado que pedirá explicaciones en el Parlamento al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por el "inusitado cambio de criterio" en los delitos contra la Corona.

Al margen de lecturas políticas del caso, hay una cuestión que afecta de forma directa la seguridad jurídica, y que se condensa en la siguiente pregunta: Entonces, ¿podemos quemar las fotos del Rey? ¿Qué nos pasaría si actuamos de ese modo? ¿Habría que despenalizar las injurias al Rey?