La Junta de Castilla y León cambia Registro Uniones de Hecho para concretar el periodo de convivencia

Valladolid.-  Las parejas de Castilla y León que quieran inscribirse en el Registro autonómico de Uniones de Hecho tendrán que acreditar que mantienen una relación de afectividad análoga a la conyugal durante al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud o durante seis meses continuados.

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(EFE)

La Junta de Castilla y León cambia Registro Uniones de Hecho para concretar el periodo de convivencia.

Hasta ahora, una pareja que acreditara que había convivido este periodo, aunque fuera en relaciones esporádicas de menor duración, sin mantener continuidad, podía inscribirse en este registro, en el que actualmente figuran 2.352 parejas, de las que el 98,2 por ciento las forman un hombre y una mujer, el 1 por ciento dos hombres y el 0,8 por ciento dos mujeres, según los datos aportados a Efe por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Esta es una de las modificaciones introducidas por la Administración Autonómica para el funcionamiento de este registro, creado en 2002 en Castilla y León, y que no detallaba hasta ahora cómo debía ser el periodo de convivencia de seis meses establecido en la norma.

En la práctica, se producía una "contradicción" en la documentación aportada por los solicitantes, ya que por un lado manifestaban que había mantenido una convivencia y por otro sus certificados de empadronamiento vigentes no correspondían con tal unión física, según explica la Orden de modificación del registro dictada por la Consejería, consultada por Efe.

Otro de los cambios introducidos ahora sirve para ganar en seguridad jurídica a la hora de reconocer el derecho a percibir una pensión de viudedad a los integrantes de la pareja de hecho, tal y como incluye la Ley 40/2007 de Medidas en Materia de Seguridad Social, vigente en el ámbito estatal.

En este sentido, la Consejería ha buscado con la modificación de la normativa ganar en coordinación con los registros similares existentes en las entidades locales de Castilla y León o de otras Comunidades Autónomas, a los que el Registro autonómico tendrá que notificar los cambios correspondientes en cada expediente.