El jefe del Ejército colombiano dimite en medio del escándalo por ejecuciones extrajudiciales

Bogotá.-  El comandante del Ejército colombiano, general Mario Montoya, quien fue uno de los artífices de la "Operación Jaque", por la que se liberó a Ingrid Betancourt, renunció hoy al cargo en medio de un escándalo por ejecuciones extrajudiciales.

El escándalo se remonta a septiembre pasado, cuando se conoció la ejecución de 23 jóvenes que desaparecieron en enero pasado y que días después fueron reportados como "bajas en combate", cuando al parecer habían muerto a manos de militares.

Estos adolescentes fueron supuestamente reclutados por el Ejército y enviados desde Soacha, localidad colindante con Bogotá, hasta una región rural del departamento de Norte de Santander, a unos 800 kilómetros al noreste de la capital, donde fueron dados por muertos como guerrilleros caídos en combate.

En este contexto, Montoya, máximo responsable del Ejército colombiano, presentó hoy su renuncia al presidente Álvaro Uribe, cinco días después de que el gobernante anunciara la separación de sus cargos de 27 oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos tres generales, a raíz de la misma investigación.

Uribe admitió la semana pasada que "puede haber integrantes de las fuerzas armadas incursos en asesinatos".

"No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentar a los delincuentes, y la distorsión de eficacia asesinando víctimas inocentes", afirmó entonces Uribe.

En su carta de retiro, Montoya aludió hoy a "recientes hechos en los cuales miembros de la institución se han visto comprometidos y que apenas están en etapa de investigación".

Sin embargo, pidió "no condenarlos sin antes haberles concedido el derecho a defenderse", porque, señaló, "es un principio elemental de la justicia que debe cobijar por igual tanto a militares como a civiles".

Asimismo, aseguró que "la política de seguridad democrática", eje central de la estrategia de Uribe en la lucha contra las guerrillas, el narcotráfico y la violencia, "definitivamente cambió la vida de los colombianos".

A raíz de esa política, que, según Montoya, "se constituyó en la guía y misión para el Ejército", se han dado duros golpes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se logró una importante desmovilización de paramilitares en los últimos años.

Pero esa estrategia también ha generado lo que en Colombia se llaman "falsos positivos", supuestos golpes a la guerrilla, e incluso detenciones y eliminación de subversivos que, según denuncias de familiares de víctimas y ONGs, no son más que colombianos civiles e inocentes presentados como "muertos en combate".

Y eso es precisamente lo que ocurrió con los jóvenes de Soacha, según dejó entrever el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en octubre advirtió de que el caso de los desaparecidos podía estar relacionado con ejecuciones extrajudiciales.

Después de las denuncias y el hallazgo de los cuerpos sin vida de los jóvenes de Soacha, el Partido Liberal (PL) y el Polo Democrático Alternativo (PDA), ambos en la oposición, exigieron responsabilidad política por estos hechos.

La renuncia de Montoya coincide, igualmente, con la investigación que llevan a cabo la Fiscalía y la Procuraduría colombianas a un total de 3.021 funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia por supuestas violaciones a los derechos humanos.

De igual forma, el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que agrupa a diversas ONGs, reveló que entre enero de 2007 y junio de 2008 se cometieron un total 535 ejecuciones "extrajudiciales" en las que estarían involucradas "directamente" miembros de la Fuerza Pública.

Este escándalo ha reducido la euforia de la denominada "Operación Jaque", la que permitió de forma impecable liberar el pasado 2 de julio a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros 14 secuestrados de las FARC, entre ellos tres estadounidenses.