El CNI ayudó a negociar el rescate del Playa de Bakio, según portavoces del Parlamento

Madrid.-  Los portavoces parlamentarios deducen que se pagó un rescate por la liberación del atunero "Playa de Bakio", secuestrado en abril por piratas en aguas de Somalia, y que la negociación para solucionar la crisis contó con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así lo han interpretado los diputados que componen la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso tras escuchar al director del CNI, Alberto Saiz, quien ha comparecido durante tres horas en una sesión de carácter reservado y de cuyo contenido no hay información oficial.

Tras la reunión, fuentes parlamentarias han informado de que el director del CNI aclaró que la negociación para liberar al pesquero la llevó directamente el armador y reconoció que contó con el apoyo de agentes de los servicios secretos.

Sin embargo, el CNI no tuvo relación directa con los piratas somalís durante las negociaciones para resolver el problema, según expuso Saiz a los diputados.

El atunero congelador "Playa de Bakio", con base en el puerto de Bermeo (Vizcaya) y 26 tripulantes a bordo, fue asaltado el pasado 20 de abril por un grupo de piratas somalís armados con metralletas mientras faenaba a 250 millas de la costa de Somalia y lo mantuvo secuestrado durante una semana.

Este ha sido uno de los principales asuntos tratados durante la comparecencia del jefe de los servicios secretos, quien ha aprovechado para informar sobre los vuelos de la CIA, la reestructuración del CNI tras los atentados del 11-M y presentar, por primera vez, un informe sobre las actividades del centro en 2007.

Por otra parte, respecto a la piratería en aguas del Índico, frente a las costas de Somalia, fuentes del CNI han considerado hoy que la piratería es "puro negocio" y que "el Islám y los piratas son mundos diferentes".

Tras indicar que el dinero recaudado por los piratas no termina en manos de terroristas internacionales, las mismas fuentes afirman que el terrorismo internacional no está detrás de la piratería en esa zona del Índico.

Sin embargo, los servicios secretos españoles están preocupados por varios países en África, ubicados en la zona del Sahel, Magreb y Centroáfrica.

En concreto, según han reconocido hoy, el cuerno de África es un punto negro, no sólo por los problemas de piratería marítima, en alusión a Somalia.

Por ello, el CNI ha reforzado su presencia en la zona y ha desplegado agentes secretos a países cercanos a Somalia, según han confirmado las mismas fuentes.

Por otra parte, el director del CNI ha abordado en su comparecencia los vuelos de aviones de la CIA sobre territorio español y se ha ratificado en que las actividades de los aviones estadounidenses en suelo español no constituyen delito.

En este sentido, el director del CNI ha considerado adecuada la colaboración de las autoridades estadounidenses y ha expresado que cumplirá escrupulosamente con las peticiones que reciba por parte de la Audiencia Nacional.

Según las mismas fuentes, Saiz ha concretado que el CNI no tiene competencias sobre aquellos vuelos de la CIA que hicieron escala en bases militares españolas.

La mayor parte del tiempo de la comparecencia de Saiz se ha centrado en la evaluación de las actividades del CNI en 2007 y la aplicación de la Directiva de Inteligencia a lo largo de este año.

Saiz se ha comprometido a ofrecer información anual ante esta Comisión, en cumplimiento de la ley, y ha repasado el terrorismo islamista en España, el terrorismo de ETA y las mafias de crimen organizado y de narcotráfico extranjeras en suelo español.

En este sentido, fuentes del CNI han señalado que no hay relación entre las FARC colombianas y ETA, y han considerado que el conflicto en Georgia no supone una vuelta a la guerra fría o una nueva carrera armamentística.

En su comparecencia, Saiz también explicó que han mejorado las relaciones y la coordinación entre los diferentes servicios -Guardia Civil, Policía y Fuerzas Armadas-.

Fuentes del CNI han asegurado que Saiz "no ha escatimado información" ante la Comisión de Secretos Oficiales -cuyo nombre oficial es Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados-, presidida por el presidente del Congreso, José Bono, y formada por los portavoces parlamentarios.