Nueva York.- El juicio contra el presunto traficante sirio Monzer Al Kassar, acusado de acordar la venta ilegal de armas a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), comenzó hoy en Nueva York.
Fotografía de archivo del 4 de abril de 2007 del presunto traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, acusado de acordar la venta ilegal de armamento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Al Kassar, que también tiene deudas pendientes con la justicia en Argentina, fue detenido el año pasado en Madrid al caer en una trampa por la que varias personas se hicieron pasar por miembros de las FARC interesados en comprar armas para atacar a las fuerzas estadounidenses.
El detenido, que llegó a Nueva York el pasado junio extraditado desde España, argumenta que tanto él como otro de los acusados eran titulares de una empresa legal de venta internacional de armas y creían que el trato que se les ofreció antes del arresto también era legal.
El ciudadano sirio defiende que desconocía que las armas fuesen para las FARC porque, "de haberlo sabido, lo hubiera denunciado inmediatamente" según explicó el año pasado en España, donde incluso dijo haberlo consultado con un inspector de policía, quien según él le comentó que no había problema alguno.
También está acusado de varios delitos de conspiración para asesinar a ciudadanos y funcionarios estadounidenses, de tratar de adquirir y usar misiles antiaéreos y de blanquear dinero, según detalló la Fiscalía federal de Manhattan.
Dos presuntos cómplices, Tareq Mousa al Ghazi y Luis Felipe Moreno Godoy, fueron extraditados con anterioridad desde Rumanía para afrontar cargos similares.
Según el fiscal Michael García, Al Kassar "tenía previsto proveer armas letales valoradas en millones de dólares a organizaciones terroristas extranjeras para que las utilizaran para asesinar a estadounidenses".
Como parte del proceso de extradición, EE.UU. garantizó al Gobierno español que no pedirá cadena perpetua para el presunto traficante sirio, aunque sí pasará mucho tiempo en prisión si es hallado culpable de los delitos que se le imputan, algunos de los cuales contemplan penas mínimas de hasta 25 años de cárcel.
Antes de su extradición, Al Kassar pidió que no se le entregara porque estaba convencido de que en EE.UU. no tendría garantía de un juicio justo "por ser árabe".
Aseguró que no cometió "ningún delito" y que lo reclaman por una "venganza política" debido a unas declaraciones críticas contra el presidente estadounidense, George W. Bush, que realizó en una entrevista.
Las autoridades estadounidenses pedirán también la confiscación de una propiedad inmobiliaria que el sirio tiene en la localidad española de Marbella, así como de los fondos depositados en tres cuentas bancarias, bienes que equivalen en su conjunto a los presuntos ingresos obtenidos con sus actividades delictivas.
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