El juez pide al Ayuntamiento que informe sobre el lugar de las fosas de Córdoba

Córdoba.-  El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Córdoba ha solicitado al Ayuntamiento cordobés que remita todos los datos de que disponga para informar sobre el lugar de la fosa común en la que se podrían encontrar los restos de Luis Dorado Luque y Antonio Acuña Carballar.

En la providencia del juzgado, fechada el pasado 3 de noviembre y a la que ha tenido acceso Efe, se solicita al Ayuntamiento de Córdoba que facilite dichos datos para llevar a cabo las oportunas diligencias para la exhumación de los restos que se podrían encontrar en una fosa del cementerio de la Salud de la capital.

Dicha providencia es uno de los requisitos básicos para iniciar estas tareas que se incluyen en el auto del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que llegó al juzgado cordobés el pasado 27 de octubre con el objetivo de iniciar las diligencias oportunas para hallar, y en su caso exhumar, los restos de dichos desaparecidos durante la Guerra Civil.

El auto especifica que la dirección y supervisión de todos los trabajos los llevará acabo la autoridad judicial, que será la que procederá a la exhumación, identificación de los restos y levantamiento del cadáver si fuera necesario.

Para ello, se deberán cumplir una serie de requisitos como contar "con certeza" con toda la información "contrastada" de que en el cementerio cordobés "existen restos de personas detenidas o desaparecidas".

Asimismo, se debe contar con la previa petición de los interesados, es decir, de los familiares de los desaparecidos, o en su ausencia de la autoridad judicial que corresponda.

El auto exige, a su vez, que se especifique la "ubicación y la titularidad" del lugar donde se pueden encontrar los restos y "si existe conformidad" del mismo para iniciar los trabajos de exhumación.

El escrito judicial añade que la exhumación se llevará a cabo "bajo la supervisión" de la autoridad judicial, mientras que la identificación de los restos que se puedan encontrar se hará "mediante el auxilio de técnicos del Instituto Nacional de Toxicología, un grupo de expertos y clínicos forenses".

En ese momento se pedirá el dictamen del grupo de expertos seleccionado para la "posible creación de un banco de ADN" para identificar a las víctimas, para lo que se reclamará la cooperación del Instituto Nacional de Toxicología.