El TSJIB pospone al martes si ordena el ingreso en prisión del diputado Vicens

Palma.-  El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha pospuesto hasta el martes la decisión de adoptar medidas cautelares contra el diputado autonómico Bartomeu Vicens, imputado en un caso de corrupción y para el que la Fiscalía ha pedido prisión preventiva sin fianza o eludible con una fianza de 800.000 euros.

Vicens ha comparecido esta mañana durante una hora ante el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB Antonio Capó, en una vista a la que han acudido sus abogados y el fiscal jefe Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau.

El diputado, suspendido en octubre de militancia en Unió Mallorquina (UM) y cesado como portavoz parlamentario de esta formación, está imputado por su presunta participación en la compraventa ilegal de terrenos en el polígono industrial palmesano de Son Oms.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, el fiscal ha pedido prisión incondicional para Vicens amparándose en el riesgo de fuga del imputado por la gravedad de la condena.

En caso de que el juez considerase que no a lugar esta petición, el fiscal ha reclamado subsidiariamente prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros.

Vicens tendrá que acudir el martes a las 12:00 horas a la cita del juez del TSJIB, tribunal que conoce de la causa por su condición de aforado.

Ese mismo día se celebrará una sesión plenaria del Parlament balear, a la que el ahora diputado del grupo mixto no podrá acudir, lo que dejará el Govern de coalición en minoría en la Cámara.

A su salida del tribunal, Vicens no ha comentado el desarrollo de la vista aunque sí ha contestado a un pregunta acerca de si podrá asistir al pleno: "Yo iré donde tenga que ir", ha sido su única declaración.

Según han confirmado a Efe fuentes judiciales, a Vicens se le acusa de cinco delitos: falsedad en documento mercantil (que implica una pena de hasta 3 años de prisión); delito contra la Hacienda Pública (penado con hasta 4 años); estafa (de hasta 6 años -transitoriamente tráfico de influencias-); blanqueo de capitales (con hasta 6 años de cárcel), y cohecho.

Presuntamente, Vicens habría participado en una trama de corrupción en la gestación y explotación del polígono, mediante el cobro de más de un millón de euros por medio de la sociedad Metalumba cuando desempeñaba el cargo de conseller insular del Territorio entre los años 2003 y 2006.