El Gobierno colombiano reconoce la suspensión de EE.UU. de asistencia a militares

Bogotá.-  El Gobierno colombiano reconoció hoy que Estados Unidos suspendió la asistencia a tres unidades militares por estar involucradas en un escándalo por presuntas ejecuciones extrajudiciales, señaló hoy el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

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(EFE)

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que inicialmente había negado esa suspensión, tras dialogar con el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfied, admitió también que el diplomático pudo estar desinformado.

El alto cargo, que inicialmente el jueves había negado esa suspensión, tras dialogar con el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfied, admitió hoy también que el diplomático pudo estar desinformado.

Un documento enviado por un delegado oficial de la embajada de EE.UU. en Bogotá a varios medios transcribe una entrevista de un funcionario de Washington, que no identificó, con CNN en el que asegura que no se suspenderá la ayuda militar a Colombia, pero sí se decidió que tres unidades militares "ya no califican para recibir la asistencia".

Según las fuentes, esa decisión fue adoptada "con base en la información proporcionada por el Gobierno de Colombia de que estas unidades estaban involucradas en la violación de derechos humanos", por las presuntas ejecuciones extraoficiales.

El ministro Santos reiteró hoy, en declaraciones a medios locales, que él recibió el jueves esa información de un periodista y verificó "con el señor embajador y me dijo que no era cierta, que había habido una mala interpretación de algo que se dijo en Washington".

Santos señaló que el embajador Brownfield anunció que clarificará esa situación en una rueda de prensa en Cartagena en las próximas horas.

El documento del Departamento de Estado añade que esa decisión fe adoptada "para garantizar que las unidades que participaron en los homicidios de Soacha (localidad colindante con Bogotá), no recibieran la asistencia de acuerdo con las leyes de EE.UU.".

Santos indicó que Brownfield hará claridad desde Cartagena sobre los alcances de la decisión, porque no se sabe si el recorte en la asistencia es a las guarniciones militares o a los comandantes de las mismas.

El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales se remonta a septiembre pasado, cuando se conoció la ejecución de 23 jóvenes que desaparecieron desde enero y que días después fueron reportados como "bajas en combate", cuando al parecer habían muerto a manos de militares.

Los adolescentes fueron supuestamente reclutados por el Ejército y enviados desde Soacha, hasta una región rural del departamento de Norte de Santander, a unos 800 kilómetros al noreste de la capital, donde fueron dados por muertos como guerrilleros caídos en combate.