El Gobierno aprueba medidas de apoyo a parados y a familias, aunque no todas las anunciadas

MADRID.-  El Consejo de Ministros aprobó hoy un conjunto de medidas para apoyar a los parados y a las familias ante la crisis que atraviesa la economía española, aunque ha dejado fuera algunas de las que ya había anunciado porque no contaban con el 'visto bueno' y el apoyo de los sindicatos.

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EP (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros aprobó hoy un conjunto de medidas para apoyar a los parados y a las familias ante la crisis que atraviesa la economía española, aunque ha dejado fuera algunas de las que ya había anunciado porque no contaban con el 'visto bueno' y el apoyo de los sindicatos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que el Gobierno ha aprobado estas medidas porque sigue trabajando bajo los parámetros de actuar con "contundencia responsabilidad y determinación" contra la crisis económica.

Afirmó que el conjunto de medidas aprobado hoy son fruto del acuerdo en el seno del diálogo social y de carácter "eminentemente social" y de apoyo a las familias españolas y a la protección de los desempleados. Asimismo, adelantó que a estas medidas les sucederán otras, "las necesarias", para reactivar la economía y el empleo y ofrecer más protección a los desempleados.

En concreto, y tal como anunció el pasado lunes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo ha aprobado la moratoria de dos años a los parados en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros mensuales, a partir del 1 de enero de 2009.

Esta medida, de la que se beneficiarán unas 500.000 familias, supone el aplazamiento de la obligación del pago del 50% de la cuota mensual hipotecaria durante 24 mensualidades, mientras que las cantidades aplazadas --el otro 50% de la cuota-- se compensarán a partir del 1 de enero de 2011 mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten para la satisfacción de la hipoteca, con el límite máximo de 10 años.

En caso de que, finalmente, las familias no puedan satisfacer el resto de la cuota aplazada, el Estado garantizará estas cantidades a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Los beneficiarios de esta moratoria deberán estar parados o pasar a estarlo con anterioridad al 1 de enero de 2010 y tener derecho a prestación, o ser trabajadores autónomos con cargas familiares que hayan cerrado su negocio o acrediten pérdidas que reduzcan sus ingresos a tres veces el IPREM, así como pasar a ser pensionistas de viudedad con cargas familiares.

Además, para beneficiarse de esta moratoria temporal y parcial, deben ser titulares de una hipoteca concertada antes del 1 de septiembre de 2008 y por un importe inferior a 170.000 euros, y sólo en el caso de adquisición de vivienda habitual o primera vivienda.

Junto con la moratoria en el pago de las hipotecas, se prorrogará en dos años, hasta un total de seis, la fecha de vencimiento de las cuentas ahorro-vivienda, pero se mantendrá en cuatro años la posibilidad de practicarse deducción.

Esta ampliación excepcional, que expirará el 31 de diciembre de 2010, beneficiará a los contribuyentes con cuentas vivienda que concluyeran en 2008, 2009 y 2010, quienes tendrán que materializar la adquisición de vivienda antes de esa fecha. El Gobierno estima que son un total de 180.000 ciudadanos los afectados.

REBAJAS EN EL TIPO DE RETENCIÓN

Además, el Gobierno ha aprobado un plazo adicional para vender la vivienda habitual cuando previamente se hubiera adquirido otra. En este momento, para que la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de la vivienda habitual esté exenta de tributar, es necesario reinvertir el importe obtenido en la adquisición de una vivienda en los dos años anteriores o posteriores a dicha transmisión.

Sin embargo, las actuales condiciones del mercado están provocando que muchas familias que han adquirido una vivienda con la previsión de vender posteriormente su vivienda habitual, tengan dificultades para deshacerse de ésta.

Para que estas familias no se vean perjudicadas fiscalmente, el Gobierno ha decidido ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2010, a expensas de que en dicho periodo mejore la situación económica. Así, las viviendas adquiridas en 2006, 2007 y 2008, con anterioridad a la transmisión de la vivienda habitual, serán válidas para reinvertir el importe obtenido con ocasión de esta última.

Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado tomar en consideración la deducción por inversión en vivienda habitual para el cálculo de la retención del IRPF, circunstancia que ahora no se tenía en cuenta.

En concreto, se minorará el porcentaje de retención del IRPF de aquellos contribuyentes que obtienen rentas del trabajo por un importe inferior a los 33.000 euros anuales y que estén pagando su vivienda habitual con financiación ajena, siempre que así lo soliciten.

Esta medida supondrá una disminución de dos puntos en el tipo de retención y beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes, que tendrán a su disposición en torno a 2.000 millones de euros de liquidez de forma anticipada.

DOS DE CUATRO EN EMPLEO

En cuanto al paquete de medidas sobre empleo y contratación, de las cuatro que anunció el Gobierno, sólo han aprobado dos, pues el resto se quieren seguir negociando con los sindicatos, que todavía no han dado su aprobación.

Concretamente, el Ejecutivo ha dado vía libre a una nueva bonificación de 1.500 euros anuales para incentivar en las empresas la contratación indefinida de parados con cargas familiares. Esta bonificación, que podrá realizarse a través de cualquier modalidad de contrato fijo (ordinario o de fomento del empleo), será la más elevada de las existentes, a excepción de las dirigidas a las personas con discapacidad.

La otra medida que se ha aprobado es la ampliación del 40% al 60% del porcentaje de la prestación por desempleo que los parados pueden capitalizar para convertirse en trabajadores por cuenta propia.

Las otras dos iniciativas anunciadas que no se han aprobado consisten en bonificar a aquellas empresas que creen empleo en sectores emergentes, como la I+D+i o las energías renovables, y en la regulación de la actividad de las empresas de recolocación en los expedientes de regulación de empleo.

En total, el Gobierno calcula que el coste de las medidas para impulsar el empleo y la contratación en un momento como el actual alcanzará unos 170 millones de euros para 2009 y 2010 y que se beneficiarán de ellas cerca de 500.000 personas en los dos próximos años.