Una asociación de Murcia pide al Gobierno que haga cumplir la Ley de Memoria Histórica

Lorca.-  La asociación murciana de memoria histórica "Amigos de los Caídos por la Liberad" pidió hoy al Gobierno central que haga cumplir los preceptos de la Ley de Memoria Histórica, tras la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de paralizar las actuaciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón, en relación con los desaparecidos, las fosas comunes y la investigación de los crímenes franquistas.

ampliar foto

(EFE)

Dos arqueólogos, de la Asociación para la Recuperación Memória Histórica, excavan en la fosa donde encontraron los restos de dos personas, presuntamente fusilados y enterrados en la época de la Guerra Civil, en una fosa común en un bosque, en el lugar de O Amenal, en el municipio coruñés de O pino.

En un comunicado difundido hoy el presidente de la asociación, Florencio Dimas, expone que, si finalmente la AN resuelve no tener competencia para tratar sobre esta materia, el fiscal general del Estado "debe ordenar la actuación de los fiscales" ante denuncias por crímenes de la dictadura.

Según Dimas debe ser el fiscal general del Estado el que concierte la actuación de los fiscales "en todos aquellos juzgados territoriales, en donde las asociaciones de víctimas del franquismo o los familiares de aquellas, presenten denuncias por desaparición, hallazgo de fosas o por ejecuciones con sentencia de tribunales militares o por actuaciones sumarias".

Este colectivo reclama asimismo al Gobierno "que no desoriente a los afectados", tras el anuncio del Ejecutivo de la posibilidad de presentar denuncias ante los jueces territoriales que por jurisdicción correspondan "a sabiendas de que los jueces proceden sistemáticamente a su archivo, considerando los actos criminales del franquismo como delitos comunes y por tanto prescritos".

Dimas demandó asimos del Gobierno que "asuma sus responsabilidades políticas" por la actuación de la Fiscalía General del Estado "que ignora en sus escritos ante la AN, tratados y convenios internacionales ratificados por el Reino de España".

En opinión del presidente de "Caídos por la libertad" de esta forma la Fiscalía General "deja de cumplir su misión como garante de la legalidad, y se convierte en obstáculo para alcanzar la Justicia".

En el cuarto punto de su comunicado la asociación murciana de memoria histórica pide que no se privaticen las exhumaciones ni la búsqueda de personas desaparecidas ya que "la investigación de estos crímenes masivos, es una obligación legal que compete a la acción penal de la Justicia, por tratarse de crímenes contra la humanidad que no prescriben, según el Código Penal español vigente, al no tratarse de delitos comunes"

Para este colectivo el Gobierno "no puede inhibirse ni exonerar a las instituciones del Estado de este deber, desviando hacia las asociaciones de víctimas o sobre los familiares dicha responsabilidad".

El pasado 20 de octubre "Amigos de los caídos por la libertad (1939-1945)" anunció que se personará como acusación particular, en la causa abierta por el juez Garzón para investigar los crímenes franquistas y el paradero de los restos de los desaparecidos en las fosas comunes.

En septiembre remitió al juzgado de la Audiencia Nacional que preside Garzón, un listado de víctimas del franquismo próximo a 1.200 nombres, entre los que figuran los de 413 lorquinos.

El presidente de esta asociación dijo entonces que en el listado se incluyen los fusilados por sentencia de los consejos de guerra, caídos en combate, asesinados sin juicio y demás casos de republicanos murcianos desaparecidos, víctimas de la guerra civil y del franquismo.