Unos artistas argentinos reclaman una indemnización a España por "discriminación"

Buenos Aires.-  La Justicia de Argentina abrió una causa contra el Estado español para investigar una denuncia presentada por dos artistas argentinos que reclaman 350.000 euros por discriminación porque les fue negado el ingreso a España en el aeropuerto de Barcelona, informaron hoy a Efe fuentes judiciales.

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(EFE)

Los artistas, un músico y una bailarina, aseguraron que fueron "discriminados" y sometidos a "tratos crueles" a su llegada al aeropuerto de El Prat de Barcelona (noreste español) y exigen un resarcimiento económico por supuestas "lesiones graves psíquicas, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica".

Los artistas, un músico y una bailarina, aseguraron que fueron "discriminados" y sometidos a "tratos crueles" a su llegada al aeropuerto de El Prat de Barcelona (noreste español) y exigen un resarcimiento económico por supuestas "lesiones graves psíquicas, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica".

Si bien la pareja había presentado la demanda en enero pasado, a pocos días de regresar de España, Alejandro Sánchez Freytes, juez federal de la provincia de Córdoba, aceptó ahora su competencia en el caso y abrió formalmente la investigación.

Los demandantes son Ricardo Vergara, integrante del ballet oficial de la Orquesta del Teatro San Martín de Córdoba, y la bailarina María Silvia Álvarez, quienes relataron a la Justicia que el 17 de noviembre pasado viajaron a España para asistir a la boda de la hermana de la joven.

Según la denuncia, autoridades migratorias del aeropuerto de El Prat los retuvieron "arbitraria e ilegalmente" casi 48 horas en calidad de detenidos.

En España funciona el llamado "rechazo en frontera", que se aplica cuando los viajeros que pretenden ingresar en su territorio en calidad de turistas no cumplen los requisitos que les pueden ser exigidos para demostrar que no son inmigrantes encubiertos.

Sin embargo, los denunciantes hablaron de discriminación y malos tratos, remarcaron que fueron tildados de "sudacas" en reiteradas ocasiones y que permanecieron detenidos junto con "narcotraficantes y otros indeseables" y luego devueltos a Argentina sin permitirles su ingreso en España.

El abogado Alejandro Zeverín, que representa a la pareja, denunció penalmente a los funcionarios policiales dependientes del Ministerio de Interior de España que intervinieron en el incidente, a quienes acusó de "ser los autores materiales del hecho discriminatorio y tratos inhumanos y degradantes".

El letrado reclamó que esos funcionarios sean extraditados a Argentina "para ser juzgados por violación de la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y Convención contra la Tortura y de Tratos y Penas Crueles Inhumanos y Degradantes de las Naciones Unidas".

También pidió la imputación de los policías por los delitos de lesiones graves psíquicas, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica.

Zeverín destacó que el argumento que utilizaron las autoridades migratorias para impedirles la entrada fue que "no tenían profesión alguna, ni medios de vida, ni lugar para alojarse en España, así como tampoco dinero para retornar al país".