Aprobada la Ley de Farmacia en Navarra, que fija un establecimiento por 700 habitantes

Pamplona.-  El pleno del Parlamento ha aprobado hoy una modificación de la ley foral de Atención Farmacéutica, que regula este servicio en hospitales, centros de atención primaria, centros sociosanitarios, almacenes de distribución u oficinas de farmacia, en este caso una por cada 700 habitantes.

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(EFE)

El pleno del Parlamento ha aprobado hoy una modificación de la ley foral de Atención Farmacéutica, que regula este servicio en hospitales, centros de atención primaria, centros sociosanitarios, almacenes de distribución u oficinas de farmacia, en este caso una por cada 700 habitantes.

La ley foral, que ha contado con el apoyo de UPN, PSN, CDN e IU y el voto en contra de NaBai, establece el número mínimo de oficinas de farmacia que precisa cada zona básica de salud y cada localidad, con el fin de conseguir un acceso equitativo a la atención farmacéutica de toda la población de la Comunidad Foral.

Con la ley del año 2000, se optó por un modelo de flexibilización planificada que ha permitido la instalación de nuevas oficinas de farmacia, ya que sólo restringía la apertura a una distancia mínima entre ellas de 150 metros y a un número máximo de oficinas de farmacia no superior a una por cada 700 habitantes.

Ahora el número máximo de oficinas de farmacia abiertas al público será de una por cada 700 habitantes en cada una de las localidades de Navarra con una población inferior a 2.000 habitantes, sin que esta medida afecte a las que ya estén autorizadas.

Una vez superada la cifra de 700 habitantes, podrá autorizarse una segunda oficina de farmacia cuando la población sea superior a 1.400 habitantes, y si la población no llega a los 700 vecinos tampoco se impide la apertura de la farmacia.

Este cambio no rebaja sustancialmente el número de farmacias, sino que planifica su apertura de manera que se garantiza a cada establecimiento, al menos, 700 posibles clientes.

La segunda modificación elimina la contratación a terceros de los servicios farmacéuticos de los centros sociosanitarios que dispongan de cien o más plazas de asistidos, en cuyo caso la prestación podrá realizarse con recursos exclusivos de cada centro o de forma mancomunada.

Con este cambio se pretende evitar la existencia de intermediarios y, además, ajustar este extremo a los dictados del artículo que prohíbe la intermediación con ánimo de lucro (terceras personas, entidades o empresas) en la dispensación de medicamentos por parte de los establecimientos autorizados.

La tercera modificación atañe a la tipificación como "infracción grave" del incumplimiento de las obligaciones derivadas de las guardias.

La cuarta y última modificación se ciñe a la adecuación de las sanciones, hasta ahora sujetas a lo establecido en la Ley del Medicamento promulgada por el Estado, a parámetros más acordes a la función de las oficinas de farmacia.

Así, se establecen nuevas cuantías para cada grado (mínimo, medio y máximo) previsto para las infracciones leves (entre 600 y 3.000 euros), graves (entre 3.001 y 15.000) y muy graves (desde 15.001 a 600.000).

En defensa de la nueva ley el regionalista Javier Marcotegui ha dicho que la misma tiene en cuenta tanto el principio de "equidad" como de "rentabilidad", un equilibrio solicitado por los profesionales.

Este apoyo del colectivo a la nueva ley ha sido la razón del voto a favor del PSN, ha precisado María Chivite, mientras que CDN ha sostenido que el tiempo ha demostrado "disfunciones" en la ley vigente que era necesario corregir.

"Esta ley ha venido aquí por las presiones del Colegio de Farmacéuticos y de las personas con farmacia abierta", ha asegurado desde IU Ana Figueras, quien ha reconocido en todo caso el papel que desempeñan estos profesionales y por ello ha considerado que la propuesta es "razonable".