Memoria Histórica dice que "Garzón no huye, sino que trata de evitar que se paralice el proceso"

León.-  La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha asegurado que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de trasladar la causa del franquismo a los juzgados territoriales no constituye una huida del magistrado sino "un intento por evitar la paralización del proceso".

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(EFE)

El presidente y el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva (izda), y Santiago Macías (c), respectivamente, hablan con la vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Así lo ha asegurado hoy en declaraciones a Efe el vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías, tras la decisión del magistrado de dejar de instruir la causa en la que investigaba las desapariciones durante la Guerra Civil e inhibirse en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas cuya apertura autorizó el pasado 16 de octubre.

En esta línea Macías ha asegurado que ésta ha sido la decisión "más acertada" por parte del magistrado, ya que ha considerado que de permanecer la causa en la Audiencia Nacional "un sin fin de recursos retrasarían la justicia en torno a las víctimas de la Guerra Civil".

"Antes de que le fuese cerrada la puerta de la Audiencia Nacional es preferible abrir muchas más" -en referencia a los juzgados territoriales a los que se ha trasladado la causa-, ha sentenciado.

El temor ante la decisión de que algún juez territorial no proceda a abrir una investigación que le corresponde, no preocupa demasiado a la ARMH, ya que Macías ha asegurado que de plantearse tal situación la Asociación se encontraría bajo el amparo del Consejo General del Poder Judicial, que se encargaría de garantizar que se realicen "los deberes encomendados".

Garzón se adelantó ayer a la decisión que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar sobre la competencia del magistrado para instruir la causa, al resolver un recurso de la Fiscalía en el que se sostiene, precisamente, que los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.

En este sentido, Macías ha asegurado que tanto el recurso de la Fiscalía como el consecuente auto de Garzón han sido fruto de la "mala aplicación" de la Ley de la Memoria Histórica y de la falta de desarrollo de la misma.

Por ello, ha culpado de la situación al Ejecutivo central, "quien ha redactado la ley, ha hecho que entre en vigor, pero luego no la ha desarrollado completamente", algo que ha provocado que se disponga de un "texto insuficiente" ante el cual la Asociación se encuentra "totalmente indefensa".

No obstante, la Asociación tiene todas sus esperanzas depositadas en el proceso, así como confía en que este incidente sirva en un futuro para desarrollar la ley y que sea el Gobierno quien asuma las labores de exhumación.

Con respecto a este último punto, Macías se ha mostrado tajante al asegurar que en "ningún otro país del mundo" son los propios familiares los que se encargan de "resarcir" el daño causado.

Por ello, ha sentenciado que España se puso al mismo nivel que Mozambique desde el momento en que el texto recoge que las administraciones faciliten a las asociaciones y familiares las labores de búsqueda, identificación y exhumación, en lugar de encargarse de estas actuaciones.

"Los expertos internacionales que llegan aquí se echan las manos a la cabeza", ha dicho.

Su sorpresa deriva, por un lado, de la labor realizada por la Asociación "sin ningún tipo de medios" y, por otro, en base a la peculiaridad de que sean los voluntarios quienes ayuden a una familia en lugar del Estado.