Varios países estrechan cerco a firma colombiana DMG

Bogotá.-  Varias acciones de la justicia en distintos países latinoamericanos estrecharon hoy el cerco en torno al grupo colombiano DMG, sospechoso de captación ilícita de dinero y de lavar activos del narcotráfico y que tenía ramificaciones en Ecuador, Venezuela y Panamá, país en el que fue detenido su gestor.

David Murcia Guzmán, cabeza visible de la firma que lleva sus siglas, fue detenido a última hora del miércoles en Panamá, donde vivía con toda clase de lujos, e inmediatamente extraditado a su país, Colombia, donde está acusado de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

A la vez, las autoridades de Ecuador y de la propia Panamá tomaban diversas acciones contra los activos del grupo en sus respectivos países.

En Ecuador fueron registradas varias de sus oficinas en Quito con un balance de cinco detenidos y la confiscación de documentos, ordenadores y 17 cajas fuertes y el ministro de Gobierno (Interior), Fernando Bustamante, anunció que estas acciones seguirían en otras ciudades.

Mientras que en Panamá, donde se calcula que logró captar dinero de hasta 20.000 inversionistas, le fue cancelado el certificado de operaciones y se inició una investigación con el registro de varias de sus locales en busca de documentación.

También Venezuela ha detectado ramificaciones de DMG en su territorio y ya el pasado martes clausuró provisionalmente la empresa por operar sin los permisos legales pertinentes en el país, donde, según las autoridades locales, tenían apenas 300 clientes.

Entretanto, en Colombia cientos de clientes y, por lo tanto, presuntas víctimas de DMG, volvían a protestar en rechazo a la actuación del Gobierno contra la empresa, que captaba dinero de ahorradores a cambio de tarjetas de "prepago" para comprar electrodomésticos y otros productos y de una jugosa tasa de interés.

La empresa operaba con un sistema parecido al de las empresas "piramidales" captadoras de dinero, cuyo reciente cierre en cadena ha dejado sin dinero a miles de estafados en Colombia, aunque a diferencia de las otras DMG no había dejado todavía de cumplir los compromisos con sus miles clientes.

Estos, autoproclamados miembros de la "Familia DMG", se mostraban indignados de ver en televisión al que consideran su ídolo con esposas y grilletes y consideraron que si las autoridades no intervienen, la compañía continuará pagándoles sus lucrativas plusvalías.

Sin embargo, el Gobierno presidido por Álvaro Uribe está determinado a actuar contra la firma, a la que acusa no solo de ser una "pirámide" más, sino de lavar dinero del narcotráfico y de los grupos armados irregulares.

"Aquí podemos estar en presencia de un coletazo del narcotráfico, de un coletazo de la guerrilla, de un coletazo del paramilitarismo, tratando de 'lavar' dineros por la vía de engañar a los colombianos y de invocar causas injustas", advirtió Uribe tras la captura de Murcia Guzmán.

Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aireaba el lujoso estilo de vida de Murcia Guzmán, un ex ayudante de cámara de televisión que pasó de vender suplementos alimenticios en la selva colombiana a poseer "tres yates, dos aviones, 12 lujosos vehículos e innumerables inmuebles".

Además, de la comercializadora con la que captaba el dinero de los ahorradores, la sigla DMG comprendía una transportadora de valores, una compañía de vigilancia y un canal de televisión por cable.

Mientras, autoridades de Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y España se reunieron en La Paz para analizar el fenómeno de las estafas "piramidales", calificadas por la Superintendencia de Bancos del país anfitrión como "uno de los virus financieros más perniciosos de la época contemporánea".

Este tipo de fraude, que desde principios del siglo pasado ha dejado a miles de estafados en países como Perú, Ecuador, España, Bolivia, EE.UU., Albania o Portugal, consiste en una captación masiva e ilegal de ahorros a cambio de tasas de intereses altas, pero insostenibles, explicaron los asistentes a la cita en La Paz.

La trampa consiste en que los depositantes más antiguos cobran sus altos intereses y comisiones a cambio de reclutar a nuevos ahorradores hasta que el sistema colapsa: siempre acaba en quiebra y los depositantes nunca vuelven a ver su dinero.

Los expertos reunidos en La Paz coincidieron en que para enfrentar este fenómeno, que suele afectar a los estratos sociales menos protegidos, que carecen de capacidad para identificar estas redes, es necesaria una mayor dureza con penas de hasta 20 años y la permanente educación financiera para la población son las formas de frenar las estafas.

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