El Estado argentino busca capitalizar Aerolíneas tras la intervención judicial

Buenos Aires.-  El Gobierno argentino busca que el Estado se haga con el control de Aerolíneas Argentinas mediante la capitalización de los fondos que ha aportado en los últimos cinco meses para mantener operativa la compañía.

Esta posibilidad había sido rechazada hasta ahora por el grupo español Marsans, propietario de la aerolínea, pero la intervención dispuesta hoy por el juez Estaban Carlos Furnari, a solicitud del Gobierno, abre las puertas para habilitar una capitalización de parte del Estado, indicaron a Efe fuentes oficiales.

El secretario de Transportes argentino, Ricardo Jaime, explicó a la prensa que la solicitud de intervención busca, además de garantizar la continuidad del servicio, capitalizar Aerolíneas y su subsidiaria para vuelos domésticos, Austral.

Según un informe de la Auditoría General de la Nación, ambas empresas tienen un patrimonio neto negativo, por lo que técnicamente están en proceso de disolución y serán liquidadas si no se capitalizan.

El pasado día 13, Marsans propuso hacer un aporte de capital a Aerolíneas por 100 millones de pesos (30,1 millones de dólares) para cubrir el patrimonio neto negativo de 81 millones de pesos (24,3 millones de dólares) que arrojó el balance de Aerolíneas Argentinas al 31 de diciembre de 2007, pero el Estado se negó a tratar el asunto.

Los estados contables de Aerolíneas al 17 de julio presentados por Marsans arrojan un patrimonio neto negativo de 754 millones de pesos (227,1 millones de dólares), aunque para la Auditoría General de la Nación que revisó esas cuentas esa cifra negativa se eleva a 1.891 millones de pesos (569,5 millones de dólares).

Austral también tiene una situación patrimonial en rojo, aunque menor a la de su controladora.

Marsans planeaba imponer su mayoría accionarial para capitalizar a su favor ambas empresas en una asamblea de accionistas convocada para el próximo 18 de diciembre.

Sin embargo, en la resolución del juez Furnari, a la que tuvo acceso Efe, el Gobierno asegura que fue Marsans el que en la asamblea de accionistas del pasado día 12 "se negó a adoptar una medida urgente que permitiera solucionar el estado de infra-capitalización" de la firma, "conduciéndola rumbo a un destino incierto".

"La situación de disolución y quebranto que afecta actualmente a la accionada (Aerolíneas), y su falta de resolución al respecto -por negativa del socio mayoritario (Marsans)- justifica la intervención urgente y excepcional solicitada, pues está en riesgo la normal presentación del servicio público de transporte aerocomercial", alegó el Gobierno.

La administración de Cristina Fernández y el grupo español habían firmado en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta de Aerolíneas al Estado argentino.

Ese acuerdo puso, además, en funciones un comité de transición encabezado por un delegado del Gobierno, Julio Alak.

Desde entonces, y ante la grave situación financiera de la compañía, el Estado ha desembolsado 773,1 millones de pesos (231,4 millones de dólares) para mantener operativa la empresa y que Marsans se ha negado a considerar como aportes de capital del accionista minoritario, dueño de un cinco por ciento de Aerolíneas.

La decisión judicial de la intervención se conoce horas después de que el grupo español enviara una carta a la presidenta Cristina Fernández.

En dicha misiva, le advirtió de que si no se alcanza un acuerdo "amistoso" en el plazo de una semana, demandará al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.