Los países de la UE decidirán mañana la rebaja a 0,11 euros por SMS enviado en el extranjero

Bruselas.-  Los ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea (UE) aprobarán mañana, previsiblemente, el recorte de las tarifas mayoristas de los mensajes a móviles (SMS) enviados desde el extranjero de una media de 0,29 euros a un máximo de 0,11 euros (sin IVA), y de los datos descargados a un euro por megabyte.

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(EFE)

Los ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea (UE) aprobarán mañana, previsiblemente, el recorte de las tarifas mayoristas de los mensajes a móviles (SMS) enviados desde el extranjero de una media de 0,29 euros a un máximo de 0,11 euros (sin IVA), y de los datos descargados a un euro por megabyte.

La presidencia francesa de turno de la UE también cuenta con tener el visto bueno de los socios comunitarios sobre la propuesta de la Comisión Europea (CE) de extender durante otros tres años el reglamento que rebajó las llamadas de voz hechas y recibidas en el extranjero ("roaming"), que expiraba en 2010.

Como ya hizo con las llamadas, Bruselas sugiere imponer un coste máximo por los mensajes enviados y por acceder a internet con el móvil desde otro país, para lo que propone que los operadores ofrezcan a los abonados la posibilidad de solicitar el corte del servicio de descarga de datos cuando vayan a sobrepasar un límite de 50 euros.

Según fuentes diplomáticas, a pesar de que una amplia mayoría de Estados miembros está a favor de mantener el límite en 0,11 euros por mensaje enviado en el extranjero, países como Dinamarca -que ya cuenta con precios más reducidos- querían rebajarlo más, mientras que España, Portugal o la República Checa se mostraban partidarios de subir ese tope.

En cuanto al establecimiento de una tarifa mayorista máxima de un euro por megabyte descargado en otro país, algunos estados como España han lamentado que no exista una metodología para llegar a esa conclusión y temen que los operadores intenten compensar las pérdidas con subidas de precios por otro lado.

Si el Consejo de ministros acepta las bases de la propuesta de la Comisión mañana, el Parlamento Europeo podría votar a favor del texto en primera lectura en 2009 de forma que la nueva legislación (de una duración limitada de tres años) podría entrar en vigor el 1 de julio.

Los ministros de los Veintisiete también se pronunciarán mañana sobre la reforma de la regulación comunitaria de las telecomunicaciones, consistente en dos directivas y un reglamento, que para ser finalmente aprobada tiene que tener el acuerdo del Consejo y del Parlamento Europeo.

La propuesta de la presidencia francesa no contempla asuntos propuestos por la Comisión y la Eurocámara que éstos consideran fundamentales.

Entre otros puntos, la Eurocámara propuso que los reguladores nacionales tengan potestad para imponer, "cuando resulte necesario para allanar obstáculos persistentes a la competencia", la "separación funcional", que consiste en exigir a un operador dominante que disocie su infraestructura de red de su negocio de servicios para mejorar la competencia en el mercado.

El texto que presentará la presidencia francesa recoge esta medida, aunque países como el Reino Unido, Suecia e Italia no están de acuerdo con que se aplique con carácter "excepcional", puesto que es una posibilidad que ya recogen sus legislaciones nacionales.

Otros estados como España, Alemania, Rumanía, la República Checa o Austria no son partidarios de incluir la separación funcional, dado que es una medida que ya prevén muchas regulaciones nacionales y no es novedosa.

En cuando al grupo regulador europeo de las telecomunicaciones que planteaba la Comisión y que secundaba, aunque dándole menos poder, la Eurocámara, los países se muestran a favor de que no sea una agencia comunitaria ni tenga personalidad jurídica y que simplemente se dedique a asesorar sobre los mercados.

Los Estados miembros también se oponen a que la Comisión armonice el uso del espectro radioeléctrico y se muestra más partidario de que sigan siendo los países los que lo controlen.

Además, tampoco coinciden con el Parlamento Europeo en que se restrinja el derecho de expresión e información de los consumidores, sin contar con una orden judicial, cuando la seguridad pública se vea amenazada.