El fiscal retira los cargos contra 2 de los 24 acusados de engañar a ancianos con los votos

Jaén.-  El fiscal ha retirado los cargos contra dos de las 24 personas relacionadas con el PP acusadas de participar en un plan para engañar a 19 ancianos de una residencia de Baeza (Jaén) en sus votos por correo en el juicio que hoy ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Jaén.

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(EFE)

Imagen de algunas de las 24 personas relacionadas con el PP de Baeza (Jaén), acusados de conseguir de forma ilícita votos por correo de ancianos en las últimas elecciones municipales.

El ministerio público que comenzó su intervención final con una matización previa en la que ha asegurado que este no es un juicio político y defendiendo su imparcialidad ha retirado los cargos que había contra Trinidad R.M., ahora concejal del Ayuntamiento de Baeza, y que hizo de interventora de uno de los ancianos.

Según el fiscal, ha quedado probado que ese voto no se llegó a realizar porque la Delegación Provincial se lo denegó, por lo que no hubo posibilidad de que hubiese delito.

Asimismo, tampoco se presentan cargos contra Carmen.C.C., que apoderó a su abuela y dice que le llevó a la residencia el sobre para que votase, hechos que la anciana no ha podido ratificar porque tiene más de cien años.

Respecto al los 22 restantes se mantienen la petición de penas por un delito de vulneración dolosa de los trámites del voto por correo, y solicita para los acusados J.M.P.B. y J.P.R., 30 días de privación de libertad sustituibles por el pago de una multa de 600 euros y el abono de una multa de 1.500 euros, para el resto pide 15 días de privación de libertad sustituibles por 300 euros y el pago de una multa de 900 euros.

Para el médico que realizó los certificados le pide el pago de 2.400 euros por el delito de falsedad, mientras que los abogados de la defensa piden la libre absolución

Entre los imputados se encuentran militantes del PP que actuaron de apoderados, dos de ellos concejales de la actual corporación municipal, dos empleadas de la residencia y el médico que certificó la falta de movilidad de los ancianos.

Ayer durante la primera sesión del juicio todos los acusados negaron su implicación en ningún delito y aseguraron haber cumplido con la legalidad.

Según el escrito del Ministerio fiscal, el plan comenzó con estas dos personas en abril de 2007, cuando fueron a la residencia en la que con la colaboración de su directora y una administrativa, que también están acusadas, se hicieron con los carnés de identidad o sus correspondientes fotocopias de 19 residentes.

Y "aprovechándose de su avanzada edad y condiciones mentales les indujeron a la confusión sobre la conveniencia de solicitar el voto por correo con su mediación".