El aficionado del Olympique juzgado dice que "Sí, es ultra, pero no es un criminal"

Madrid.-  El aficionado del Olympique de Marsella que hoy fue juzgado en Madrid, Santos Mirasierra, se declaró inocente y aprovechó el turno de última palabra para confesar ser un ultra, pero no un criminal.

ampliar foto

(EFE)

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

"Desde hace 10 años me he dedicado a mi peña ultra. He dado toda mi vida, todas mis vacaciones y mi dinero para seguir a mi equipo por Europa. Sí, soy ultra, pero no soy un criminal", dijo.

Estas fueron las únicas palabras, al margen de la declaración, que pronunció Mirasierra, detenido el pasado 1 de octubre en el Estadio Vicente Calderón, al final del juicio que se celebró hoy en el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid y que se prolongó durante cinco horas.

El abogado defensor de Santos Mirasierra, Erlantz Ibarrondo, reveló al final de la vista: "hemos pedido la absolución en primer lugar y subsidiariamente, para el caso de que considerasen que es responsable de los hechos que se le imputan, la pena de un mes y medio y subsidiariamente la pena de nueve meses".

Ibarrondo se reiteró al final de la vista en que se han producido "contradicciones" en la versión policial de los hechos y "falta de pruebas para acreditar las acusaciones".

"Ha sido meridianamente claro que la única prueba que tiene el Ministerio Público para conseguir enervar la presunción de inocencia de Mirasierra son las declaraciones de los policías, y éstas han estado jalonadas de contradicciones", comentó.

"Todos los testigos que han depuesto, todos han afirmado que Santos no participó en los incidentes. Sobretodo, el hecho que se le imputa que es el lanzamiento de la silla, no ha podido acreditarse en ningún lugar. El policía manifiesta que la silla es roja, luego que es blanca...", contó.

La fiscalía pide 8 años de cárcel para Mirasierra, el seguidor hispano francés detenido tras el partido de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Olympique, cuatro de ellos por un delito de desordenes públicos y otros cuatro por un atentado contra agentes de la autoridad, con un delito añadido de lesiones.

El Ministerio Público pide, asimismo, que se imponga al acusado la prohibición de entrar en los estadios de fútbol por un periodo de tres años, así como una multa de 1.200 euros.