El presidente regional no tendrá la obligación de responder en las Cortes

Toledo.-  El presidente de Castilla-La Mancha seguirá sin la obligación de responder a preguntas en el pleno de las Cortes al rechazar el PSOE la pretensión del PP de reformar a tal efecto el Reglamento, aunque José María Barreda contestará a cada pregunta que formule la líder de la oposición, María Dolores de Cospedal.

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Ese es el resultado del debate mantenido hoy en el pleno entre populares y socialistas, cuyo portavoz, Santiago Moreno, ha llegado ha poner sobre la mesa su puesto si Cospedal hace una pregunta a Barreda y éste no contesta en pleno.

El debate ha girado sobre los mismos ejes de la última semana: el PP, a través de su portavoz, Ana Guarinos, ha puesto en duda el talante democrático de Barreda al no someterse al control de la oposición y el PSOE, en boca de Santiago Moreno, ha manifestado su estupefacción, pues ningún diputado de la oposición ha preguntado el presidente, pese a que -a su juicio- pueden hacerlo.

De momento, el Reglamento seguirá permitiendo a los grupos hacer preguntas al Consejo de Gobierno y a éste determinar cuál de sus miembros las responde, incluido el presidente.

Ambos grupos tienen el compromiso de reformar el Reglamento cuando entre en vigor el nuevo Estatuto, aunque Santiago Moreno ha ofrecido durante la sesión constituir mañana misma la ponencia si el PP retiraba su iniciativa.

Del pleno, que ha comenzado con la condena del asesinato del empresario Ignacio Uría a manos de ETA y con un minuto de silencio en su honor, han salido dos leyes: la de creación de la Comisión Consultiva regional de Convenios Colectivos y la de medidas en materia de tributos cedidos.

La primera, aprobada por unanimidad y aplaudida por los agentes sociales, tiene como principal objetivo emitir informes sobre la extensión de un convenio de un sector a otra actividad y clarificar el ámbito que cubren los distintos convenios.

La segunda, que ha recibido el apoyo total del PSOE y parcial del PP, incluye en el mapa tributario regional la deducción del 1 por ciento en la cuota autonómica del IRPF para los contribuyentes que adquieran o rehabiliten una vivienda con financiación ajena.

La norma aprobada, que recoge, sistematiza y actualiza todas las disposiciones existentes hasta ahora en materia de tributos cedidos, también modifica el impuesto con el que se gravan las hipotecas, aplicando el tipo reducido del 0,5 por ciento a las escrituras de compra de vivienda habitual de personas menores de 36 años siempre que la vivienda tenga algún tipo de protección.

Asimismo, se reduce el tipo general sobre los juegos de azar, que queda fijado en el 24,5 por ciento

No ha salido adelante ninguna de las 15 enmiendas presentadas por el PP, casi todas ellas destinadas a aumentar las deducciones fiscales por nacimiento o adopción de hijos, adquisición o rehabilitación de viviendas o por discapacidad.

El argumento del PSOE es que las deducciones sólo benefician a los contribuyentes, mientras que una política social basada en el gasto beneficia a todos los ciudadanos. Y para que haya gasto hacen falta impuestos.

De la sesión de hoy también se desprende que socialistas y populares están de acuerdo en que Ciudad Real necesita una Variante Oeste.

Sin embargo, no ha habido acuerdo para reclamarla. El promotor de la iniciativa, Francisco Gil Ortega, dirigía su petición a la Junta y se ha negado a modificarla como le pedía el PSOE, que sostiene que se trata de una carretera que unirá dos vías de titularidad estatal y, por ello, le compete hacerla a Fomento.

El pleno ha escuchado las explicaciones del consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, quien ha destacado que en los últimos ocho meses se han atendido 339 proyectos de obras de mejora de las redes de abastecimiento en baja y saneamiento, sobre todo de pequeños municipios.

En el turno de preguntas orales, el PP ha dedicado cuatro de ellas a criticar la edición, impresión y distribución por parte de la Junta de los discursos de Barreda en el debate sobre el estado de la región y en la toma en consideración de la reforma del Estatuto en el Congreso.

La impresión del primero costó 17.922 euros y la del segundo 2.601, un gasto que el PP no entiende, y menos en tiempos de crisis.