Granada.- El Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes, integrado por diferentes asociaciones de Granada, ha alertado hoy de que más de 13.000 personas podrían perder su permiso de residencia en la provincia ante el aumento del desempleo derivado de la actual crisis económica.
El Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes, integrado por diferentes asociaciones de Granada, ha alertado hoy de que más de 13.000 personas podrían perder su permiso de residencia en la provincia ante el aumento del desempleo derivado de la actual crisis económica.
Este colectivo, que ha ofrecido una rueda de prensa, ha mostrado su preocupación por las mayores dificultades en la renovación de los permisos de residencia temporales que la subida en el paro produce, especialmente en la población inmigrante.
Según ha informado Sylvia Koniecki, miembro del Foro y de Granada Acoge, para poder renovar su permiso este colectivo está obligado a haber cotizado un mínimo de seis meses en el último año, tener contrato en vigor por tiempo completo y vigencia de un año y no haber abandonado voluntariamente el trabajo anterior.
Carecer de estos requisitos, ha explicado, implica la imposibilidad del permiso de residencia y, por tanto, la vuelta a la situación de irregularidad, lo que supone "una vuelta atrás" en el proceso de integración en la sociedad, un recorte de sus derechos sociales y que pueda entrar en la economía sumergida.
Koniecki ha considerado que estas personas están "bien integradas" puesto que llevan en muchos casos tres y cuatro años de residencia legal, tienen hijos escolarizados o pisos en propiedad.
Además, el aumento de denegaciones de las renovaciones ya se está "haciendo notar" y sólo desde mayo de este año, en Granada Acoge y en comparación con el anterior, ha crecido en un cincuenta por ciento.
Desde el Foro han advertido además sobre las consecuencias para el conjunto de la sociedad, que serán el aumento de la bolsa de indocumentados, de la economía sumergía y una erosión en la cohesión social, lo que podría generar "un caldo de cultivo" en el que se considere al inmigrante el "chivo expiatorio" de los problemas que se registran a raíz de la crisis económica.
Ante esta realidad, han instado al Gobierno a flexibilizar las condiciones necesarias para la renovación de los permisos de residencia inicial, de primera y segunda renovación, eliminando algunas de las exigencias que se tienen en cuenta en la actualidad.
Se pide también que se considere la situación de integración social del inmigrante y su trayectoria laboral en cuanto a aportación y cotización, además del hecho de que se encuentre en búsqueda activa de empleo.
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