Zapatero reclama responsabilidad para renovar el Tribunal Constitucional

Madrid.-  El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha apelado hoy a la responsabilidad "de todos" los políticos para renovar el Tribunal Constitucional, del que ha valorado "su prestigio institucional y buen funcionamiento" y para cuyas decisiones ha exigido respeto.

Zapatero se ha manifestado así en una conferencia pronunciada en el Centro de Estudios Constitucionales con motivo del treinta aniversario de la Constitución, de la que ha valorado su "gran capacidad de adaptación", antes de advertir que esa elasticidad "tiene sus límites".

El jefe del Ejecutivo ha avisado de que la Constitución no puede guardarse "en una hornacina" como si fuera "materia inerte", pero ha considerado que actualmente no existe un clima político "propicio" para acometer un proceso de reforma.

Con todo, se ha mostrado persuadido de que podrían resultar útiles algunos cambios específicos, siempre que se dé un consenso básico de partida entre PSOE y PP, pero también con otros partidos.

Desde su punto de vista, sería "muy conveniente" que el grado de acuerdo a buscar y a conseguir fuera semejante al que concitó en su día el texto vigente y que, cuando se acometa la reforma, se haga con "suficientes dosis de normalidad".

Zapatero también ha ensalzado el papel "esencial" del Tribunal Constitucional para interpretar la Constitución y ha apelado a la responsabilidad que, en relación con "su prestigio institucional y buen funcionamiento", tienen los representantes políticos.

"Responsabilidad a la hora de facilitar su renovación, de acuerdo con las previsiones constitucionales" es lo que ha reclamado Zapatero para el TC, para el que ha pedido asimismo respeto por su trabajo y a la hora de comentar sus decisiones y de someterlas "a una crítica que no por libre debe estar exenta de mesura".

Así las cosas, ha censurado la "contradicción" en la que incurren quienes, desde puestos de relevancia pública, "no dudan en golpearse el pecho a diario para proclamar su adhesión a la Constitución y luego no extreman el celo para respetar, hacer respetar y facilitar la tarea del Tribunal Constitucional".

Y es que ha estimado que no hay Constitución normativa sin jurisdicción constitucional, sin una jurisdicción constitucional ejercida con independencia, responsabilidad y capacidad de persuasión.

Bajo su prisma, la democracia y la Constitución requieren que el TC siga desarrollando esas labores en el futuro "con el mismo sentido institucional y calidad técnica acreditadas en estas casi tres décadas".

También ha destacado el trabajo del TC para velar por que el desarrollo constitucional se desenvuelva dentro de los límites de la propia Constitución y para garantizar el equilibrio territorial en un país que ha definido como de "estados compuestos".

Ha puesto el acento en la capacidad de adaptación del modelo territorial español gracias a la Constitución, que recoge un sistema que "no tiene precedente ni fuera ni dentro de España" y que es "el sutil resultado de una decantación racional de experiencias, aspiraciones, equilibrios".

Es un modelo que reconoce el derecho a la autonomía sin imponer la homogeneidad entre las comunidades autónomas y que contiene y garantiza, según Zapatero, un catálogo suficientemente preciso de las competencias del Estado, así como los principios de la solidaridad y de la cooperación o de la cooficialidad lingüística.

Sobre la reforma de los estatutos de autonomía, ha resaltado el papel determinante que desempeñan las Cortes Generales, si bien ha precisado que "no para tutelar o teledirigir las reformas", sino para encauzar el pluralismo territorial dentro de la garantía de la unidad del Estado.

Rodríguez Zapatero ha defendido que todas las reformas estatutarias de la pasada legislatura han contando en los parlamentos de origen y ante las Cortes Generales "con un amplísimo consenso", excepto la catalana.

"No fue un proceso políticamente fácil, y estoy seguro que todos pudimos cometer errores en él", ha admitido, antes de incidir en que, sin embargo, se respetó la lógica constitucional, el diálogo entre parlamentos y el papel decisivo final de las Cortes Generales.

A su juicio, ahora procede, sin perjuicio de lo que establezca el Tribunal Constitucional, "desarrollarlo con lealtad y con sentido del equilibrio".