Rechazada la tramitación de la iniciativa popular que pedía la contención de la planta alojativa

Santa Cruz de Tenerife.-  El pleno del Parlamento de Canarias rechazó hoy con los votos de CC y PP la toma en consideración de una iniciativa popular sobre la renovación de la planta alojativa turística y la contención de su crecimiento.

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(EFE)

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (i), escucha desde su escaño la intervención de Alberto Martín (d), que presentó hoy una iniciativa popular sobre la renovación de la planta alojativa turística y la contención de su crecimiento.

La iniciativa, promovida por Ben Magec-Ecologistas en Acción y avalada por 45.000 firmas, establecía que no se admitiría un crecimiento de la capacidad alojativa salvo en establecimientos turísticos rurales, en aquellos que sean objeto de rehabilitación y en los que se proyecten en suelo urbano.

En defensa de la iniciativa, cuya tramitación sólo fue aceptada por el grupo Socialista, intervino Alberto Martín, quien destacó la importancia de este acto ya que no siempre los ciudadanos tienen la oportunidad de manifestarse en la cámara regional.

Recordó que esta iniciativa está avalada por 45.000 firmas y afirmó que si los diputados están legitimados y respaldados por un número de votos, esta iniciativa popular también lo está.

Martín pidió a los parlamentarios que tengan un mínimo decoro político y no tiren a la basura esas 45.000 firmas aunque consideró necesario que los diputados expliquen cuál es su concepción del sistema democrático cuando cobran dietas para acudir a la celebración del Día de la Constitución.

Señaló que este argumento lo utiliza cuando ha escuchado que la iniciativa popular no puede ser aceptada por motivos económicos, "por lo que se nos ocurre pensar que cobrar por no hacer nada, bueno, oír un discurso y tomar unos canapés, tampoco resulta adecuado".

El portavoz de los promotores de la iniciativa popular indicó que acuden al Parlamento con una propuesta en positivo que pretende salvar el territorio y al sector turístico.

Martín señaló que desde la aprobación de las directrices ha aumentado la oferta turística y el número de camas a la par que ha disminuido la demanda, tanto en número de turistas como en su estancia.

Por ello consideró que hoy existen más argumentos que en 2003, año en el que se aprobaron las directrices, para no seguir construyendo una cama turística más.

Recordó que en su discurso de investidura Paulino Rivero habló de que se trataba de un gobierno de las personas que se convertirían en el centro de la actividad política, y preguntó al presidente del ejecutivo regional si cree en la Canarias del talento o del cemento.

Rechazó que la cámara utilice la iniciativa popular para después modificarla tal y como, dijo, se hizo con la iniciativa popular de Veneguera, y estimó que no existen argumentos para rechazar su tramitación.

Martín se refirió a la ley de Medidas Urgentes como la Ley Berriel, ya que en su opinión el consejero es el único que la apoya, y afirmó que no entiende cómo el Gobierno quiere aprobar una iniciativa que nadie apoya.

El portavoz de la iniciativa popular finalizó su intervención exhibiendo un cartel en el que se leía "yo también firmé", lo que le valió que fuera expulsado del salón de plenos.

Miguel Jorge Blanco, del grupo Popular, señaló que su partido no cree en la restricción a las iniciativas empresariales que procuren riqueza y empleo, y afirmó que la limitación deben ser la ley y el sentido común.

Apoyó el binomio libertad de actuación y conservación del territorio, indicó que si no fuera así traicionarían a las más de 200.000 personas que les dieron sus votos y señaló que la moratoria de 2003 no tuvo el efecto que pretendía de limitar el crecimiento alojativo.

En su opinión, esta iniciativa popular impide el desarrollo del sector turístico al tiempo que recordó que los contenciosos pendientes por haberse suspendidos derechos autorizados ascienden a más de 1.500 millones de euros.

José Miguel González, presidente del grupo de Coalición Canaria, afirmó que el proyecto de ley desclasifica el máximo de suelo permitido y recordó las sentencias judiciales favorables a los promotores a los que se ha quitado sus derechos de actuación.

González agregó que el criterio de paralizar la ocupación del suelo cuando ya está clasificado exige medidas disuasorias y eso no se consigue con una norma sencilla con un solo artículo como el de la iniciativa popular.

González, que había sugerido que esta iniciativa se tramitara junto con la ley de Medidas Urgentes, indicó que no acepta su tramitación porque la próxima semana se hará lo propio con la propuesta del Gobierno.

Manuel Fajardo, del grupo Socialista, indicó que su grupo cree en la democracia participativa, en la conservación del territorio y en la existencia de órganos que fiscalicen las actuaciones de las administraciones.

Fajardo compartió la frase de más talento y menos cemento como principio inspirador para conseguir el desarrollo sostenible y la pervivencia de un modelo de vida y convivencia no sólo ahora sino para el futuro.