El Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos se convertirá en ley este mes

Vitoria.-  El Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que contempla prestaciones nuevas para hacer frente a los gastos de vivienda y para mejorar la calidad de vida de las pensiones más bajas, ha superado hoy el último trámite en comisión y se convertirá en ley a lo largo de este mes.

Los grupos del tripartito y el PSE-EE han respaldado el dictamen de la comisión, que ha sido aprobado pese a la abstención del PP y el rechazo de EHAK.

El Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social regula y actualiza el cuerpo normativo de las ayudas públicas del Gobierno Vasco dirigidas a luchar contra la exclusión social.

Una de las características de este proyecto de ley es que permite reorientar las AES (Ayudas de Emergencia Social) hacia la cobertura de gastos extraordinarios, evitando que quienes no puedan afrontar los gastos de su vivienda recurran a esta ayuda.

Para este tipo de situaciones, la nueva norma crea un complemento específico para gastos de vivienda. Esta es una de las novedades principales del proyecto de ley.

La segunda novedad es que articula una renta para las pensiones más bajas, llamada Renta Básica para la Inclusión y Protección Social, equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con el fin de que los pensionistas puedan llevar una vida digna.

Esta ayuda, llamada en un principio complemento de las pensiones, se lleva pagando por parte del Gobierno Vasco desde el mes de julio, tras la aprobación de una ley "puente", que tenía como finalidad beneficiar cuanto antes al colectivo de pensionistas, ante la previsión de que la ley definitiva no se aprobara hasta el mes de diciembre.

Su definición ha confrontado a nacionalistas y a socialistas, debido a que los primeros querían llamarlo complemento de pensiones y los segundos no porque las pensiones son competencia del Gobierno y podía derivar en un recurso del Ejecutivo central por invasión de competencias.

Finalmente, han superado las diferencias y han acordado darle otra denominación, la de Renta Básica para la Inclusión y Protección Social, una ayuda que también será extensible a las personas que carezcan de recursos propios derivados del trabajo o éstos sean insuficientes.

En este caso, la ayuda ira acompañada de apoyos específicos orientados a la inclusión social y laboral a través de convenios de inclusión.