El Gobierno busca pruebas en todos los ayuntamientos de ANV para disolverlos

Madrid.-  El Ministerio de Justicia ya está trabajando con la delegación del Gobierno del País Vasco para averiguar si hay posibilidades legales de disolver todos los ayuntamientos en los que gobierna ANV, para lo que está investigando "caso por caso" la actuación de dichos consistorios.

El Gobierno busca pruebas que puedan conducir a la disolución de los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra en los que actualmente gobierna ANV, y no sólo en los 24 donde Acción Nacionalista Vasca cuenta con mayoría absoluta, según han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo.

El ministro Mariano Fernández Bermejo ya avanzó que no cabe la disolución de estos consistorios con carácter general, ya que la Ley de Bases del Régimen Local de 2003 permite disolver un ayuntamiento por razones de interés general, pero examinando los casos uno por uno.

Una de esas razones contempladas legalmente sería que los actos y acuerdos de los ayuntamientos "supongan apoyo al terrorismo o actuaciones de desprecio a las víctimas".

En este sentido, se están analizando las actas de los plenos y los acuerdos adoptados por cada uno de los 42 ayuntamientos de ANV, por si alguno de ellos pudiera dar lugar a su disolución.

No hay duda de que uno de los ayuntamientos que será observado con lupa será el de Azpeitia (Guipuzcoa), donde el pasado 3 de diciembre fue asesinado el constructor Ignacio Uría.

Este último asesinato de ETA propició en un primer momento la salida de Eusko Alkartasuna (EA) y Aralar del equipo de gobierno de Azpeitia, y ha acabado decidiendo al PNV y EA a presentar una moción censura para sacar a ANV del gobierno municipal.

La opción de presentar mociones de censura en los consistorios de Acción Nacionalista Vasca es otra de las fórmulas que el Gobierno apoyaría y, de hecho el PSE-EE de Álava ha reclamado ya al PNV y EA que presenten también una moción de censura contra el alcalde de ANV en Mondragón, localidad guipuzcoana en la que el pasado marzo fue asesinado a tiros el ex concejal socialista Isaías Carrasco.

De forma paralela, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha solicitado hoy al Tribunal Supremo que disuelva los grupos municipales de ANV en los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, y ejecute la ilegalización de dicho partido y del PCTV para culminar el proceso de disolución de ambas formaciones.

Esta es una de las peticiones formuladas hoy por los servicios jurídicos del Estado ante el TS, en sendos escritos en los que se insta a la ejecución de las sentencias por las que ANV y PCTV fueron ilegalizadas el pasado mes de septiembre, y, en consecuencia, se pide la liquidación de sus bienes.

Todos los bienes y derechos de estos partidos, incluidos los derechos de crédito por subvenciones, ya estaban embargados por el Supremo y por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que el pasado mes de febrero decretó la suspensión de actividades por tres años de ANV y del PCTV.

Ahora lo que solicita el abogado del Estado es que dichos bienes se liquiden, y que para tal fin se nombren liquidadores funcionarios públicos de la Agencia Tributaria y se pongan a disposición del TS para destinar su importe neto a la finalidad prevista en la Ley de Partidos Políticos.

Tras dictarse en septiembre la sentencia de ilegalización se procedió a la cancelación de la inscripción tanto de ANV como del EHAK-PCTV en el Registro de Partidos Políticos, a petición del Ministerio del Interior, aunque ésta ha sido la única medida adoptada por la sala del 61 en ejecución de sus sentencias, ya que el resto no habían sido solicitadas hasta ahora por las partes.