Paraguay emprende un cambio histórico liderado por un ex obispo

Asunción.-  El ex obispo Fernando Lugo, de 57 años, hizo historia este año en Paraguay al derrotar en abril pasado, al frente de una coalición de amplia base ideológica, al Partido Colorado, que mantenía el poder absoluto desde hacía más de seis décadas.

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(EFE)

Una de la promesas del presidente fue una administración transparente en un país dominado por la corrupción después de seis décadas de control del Estado por un partido.

Además de terminar con 61 años de hegemonía del Partido Colorado, el más antiguo en el ejercicio del poder en América Latina, Lugo fue protagonista de otra decisión no menos histórica cuando dos semanas antes de asumir la Presidencia, el 15 de agosto, La Santa Sede lo redujo al estado laical después de haberlo suspendido "adivinis" en enero del 2007 por dedicarse a la política.

El ex obispo, un referente en el país de la Teología de la Liberación, venció las elecciones presidenciales del 20 de abril con la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), cuyo principal soporte electoral fue el tradicional Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, centroderecha).

En torno a la figura de Lugo y a sus promesas de cambios se aglutinaron pequeños partidos de izquierdas y una treintena de organizaciones sociales, aunque la primera idea del ex obispo era unir a toda la oposición contra el presidente "colorado" Nicanor Duarte.

No obstante, partidos como Patria Querida (derecha) o el liderado por el ex general Lino Oviedo, la Unión de Ciudadanos Éticos (Unace), no se integraron en la APC, aunque tuvieron un papel destacado en el lanzamiento en política del ex obispo en el 2006.

El 41 por ciento de los votantes respaldaron la imagen de honestidad y de apoyo a los pobres que Lugo se ganó durante los once años de labor pastoral a favor de los desposeídos en el departamento de San Pedro (centro), la región agrícola más pobre y conflictiva del país.

El obispo sacó 11 puntos de ventaja a la candidata "colorada" Blanca Ovelar, que llegó a los comicios con un partido sumido en una guerra interna y tras formar un gobierno de mayoría liberal, en el que sólo un exponente es de la izquierda radical, a los pocos días de su Presidencia se multiplicaron las invasiones de fincas por grupos de "sin tierra" en demanda de una reforma agraria.

El conflicto agrario derivó en posiciones xenófobas de los campesinos en contra de colonos y hacendados brasileños (conocidos como barasiguayos), que son mayoritarios en gran parte de los departamentos cercanos a la frontera entre los dos países, lo que ha agudizado las tensas relaciones bilaterales.

A lo largo de la franja fronteriza con Brasil viven unos 300.000 "brasiguayos", dueños o arrendatarios de explotaciones agrícolas, así como productores menonitas (anabaptistas), que en su mayoría se dedica al cultivo extensivo de soja, el principal producto de exportación que utiliza unas 2,6 millones de hectáreas.

Pero hasta ahora la principal controversia con Brasil, el poderoso vecino y principal socio comercial de Paraguay en el Mercosur, formado además por Argentina y Uruguay, se centra en las reclamaciones paraguayas en el reparto de los beneficios de la hidroeléctrica paraguayo-brasileña de Itaipú.

Brasilia ha aceptado negociar los seis puntos que reclama su vecino, pero según fuentes paraguayas se niega a aceptar la principal negociación paraguaya: permitir a su socio vender libremente su excedente de energía, incluso en el mercado brasileño.

Según el contrato de construcción de Itaipú, firmado en 1973 por la gobiernos dictatoriales de ambos países, cada país tiene derecho al 50 por ciento de la electricidad generada y el excedente debe debe ser vendida al otro socio a precio de costo, cuando Paraguay sólo utiliza como máximo el 10 por ciento de su cupo.

Una de las demandas aceptada por Brasil permite a la Fiscalía paraguaya verificar las cuentas de Itaipú, cuya administración no podía ser auditada por los organismos de control de ambos países, y en pocos meses salieron datos de posible uso de fondos de la entidad en las campañas electorales "coloradas".

Una de la promesas del presidente, junto a la lucha frontal contra la pobreza o la reforma agraria, fue una administración transparente en un país dominado por la corrupción después de seis décadas de control del Estado por un partido.

Precisamente, el gobernante destacó como logros en los 100 días de su gobierno la transparencia aunque reconoció que no ha cumplido las metas fijadas por este periodo, mientras que analistas locales cuestionan la falta de cohesión del Gobierno, así como sus evidentes diferencias con el vicepresidente del país, el liberal Federico Franco.