Ecuador solicita en la ONU apoyo a su campaña para regular el mercado de deuda externa

Naciones Unidas.-  Ecuador solicitó hoy en la ONU el apoyo de la comunidad internacional a su propuesta de establecer una normativa global que regule el mercado de deuda externa, al que sopesa dejar de pagar sus obligaciones por considerarlo abusivo.

Con el fin de recabar apoyos, una delegación encabezada por el ministro de Coordinación de la Política de Ecuador, Ricardo Patiño, se reunió en Naciones Unidas con el Grupo de los 77 (G-77) y China, que aglutina a 132 naciones en desarrollo.

La delegación, en la que también se encontraba el ministro de Gobierno, Policía y Culto, Fernando Bustamante, se reunió además con representantes del presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D'Escoto.

En una entrevista con Efe en Naciones Unidas, Patiño aseguró que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, decidirá "en las próximas horas o días" qué camino seguirá el Ejecutivo para responder a los "abusos" a que ha sido sometido el país por los acreedores internacionales.

"Tenemos una clara intención de desconocer esos tramos de la deuda externa, e interna, ecuatoriana que consideramos que son ilegales e ilegítimos", aseveró.

De hecho, Correa anunció hoy en la ciudad portuaria de Guayaquil que ha dado la orden para que no se transfieran los 30,6 millones de dólares del pago del interés de los Bonos Global 2012, que suman un total de 3.800 millones de dólares.

Patiño explicó que su presencia en Naciones Unidas obedece al interés de Quito de recabar apoyo para que se autorice consultar al Tribunal Internacional de La Haya sobre la creación de una normativa internacional que regule los mercados de deuda externa.

"Este es un planteamiento para el mundo, no para Ecuador. Nosotros podemos buscar salidas, como entablar una disputa legal o buscar una solución individual al problema, pero esto viene de muy atrás", apuntó.

Lo que desea Quito es que regulaciones ya contempladas en la legislación de la mayoría de los países se trasladen al plano internacional, donde lo que a su juicio ahora impera "es la ley de la selva".

La embajadora ecuatoriana ante la ONU, María Fernanda Espinosa, indicó además que la propuesta podría ser presentada a la Asamblea General en unos meses, antes de que termine el próximo junio el 63 período de sesiones de ese órgano de Naciones Unidas.

El Gobierno ecuatoriano inició esta campaña tras la divulgación, el pasado 20 de noviembre, del informe de una comisión auditora que halló "ilegalidades" en los contratos de la deuda externa de los últimos 30 años.

Patiño señaló que gobiernos anteriores aceptaron condiciones abusivas, como el pago de intereses sobre intereses o la renuncia a ejercer derechos básicos, que constituyen una violación de la legislación ecuatoriana.

"Lo que tenemos claro es que nuestro país ha sido perjudicado históricamente con el endeudamiento y las negociaciones sobre la deuda desde 1830 y, especialmente, desde 1976", apuntó.

Aseguró que Ecuador, por ser considerado un país de riesgo, fue sujeto a tasas "usureras" del 21 por ciento que superaban con creces el interés que se cobraba en el mercado internacional.

Al mismo tiempo, acusó a las instituciones financieras multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), de actuar en estos contratos "abusivos" en favor de los acreedores, incluso contraviniendo sus propios estatutos.

En ese contexto, Patiño reiteró la voluntad del Ejecutivo de proceder judicialmente en Ecuador contra responsables de gobiernos anteriores que aceptaron estos créditos "abusivos" y agregó que se analiza emprender acciones legales en el exterior contra algunos de sus acreedores.

Sin embargo, ciertos analistas independientes cuestionan el peso jurídico del informe de la comisión auditora y ponen en duda los conocimientos técnicos de sus integrantes.

Estos críticos también creen que la suspensión del pago de la deuda es una maniobra de Correa para evitar reducir el gasto público a causa de la disminución de los ingresos del Estado por el desplome del precio del petróleo.

El país suramericano cuenta en la actualidad con 10.200 millones de dólares de deuda externa, de los cuales 3.900 están en manos privadas y el resto corresponden a instituciones multilaterales y otros gobiernos.