Las duras condenas por el robo de bebés marcan los juicios por represión en Argentina

Buenos Aires.-  Las duras condenas a dos generales de la última dictadura militar (1976-1983) y a otros dos civiles que se apropiaron de la hija de una pareja de desaparecidos marcaron la agenda de los juicios por violaciones de los derechos humanos que se celebraron este año en Argentina.

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(EFE)

Osvaldo Rivas (c), apropiador de María Eugenia Sampallo, hija de desaparecidos y anotada por Rivas como hija propia en 1978, fue condenado dentro de los juicios por el robo de bebés durante la dictadura.

El 2008 fue, además, el año en que se dictó el primer procesamiento en la causa que investiga la suerte que corrió el "primer desaparecido de la democracia", como se ha denominado a un septuagenario que está en paradero desconocido desde que hace 27 meses testificó contra un represor de los "años de plomo".

La incansable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo llevó a elevar a 95 el número de hijos de desaparecidos que recuperaron en la democracia su verdadera identidad y la decisión de un juez devolvió a una cárcel militar al dictador Jorge Videla, que en la última década había sido beneficiado con la prisión domiciliaria.

En un fallo considerado histórico, en abril, un tribunal federal sentenció a penas de siete y ocho años de prisión a un matrimonio por el robo de bebés durante la dictadura, al término del primer juicio que se celebró en el país en el que una hija de desaparecidos se querelló contra sus apropiadores.

Además de la pareja que integran Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, en ese mismo proceso la Justicia condenó a 10 años de cárcel al militar retirado Enrique Berthier, quien en 1978 entregó al matrimonio a quien 30 años después actuaría como querellante en la causa, la hija de desaparecidos María Eugenia Sampallo Barragán.

Ante la indignación de los organismos de derechos humanos, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi, dos sangrientos estandartes del régimen militar, reivindicaron el accionar de la dictadura antes de ser condenados a prisión perpetua por tribunales de las provincias de Córdoba (centro) y Tucumán (noroeste).

Mientras Menéndez dijo que Argentina es el "primer país que juzga a soldados victoriosos que lucharon por sus compatriotas" y sostuvo que los "guerrilleros de los años 70 están hoy en el poder", Bussi aseguró que la figura del desaparecido fue "un arbitrio psicológico creado por la guerrilla para encubrir sus muertes en combate".

Bussi, que durante el régimen militar fue interventor de Tucumán y en la democracia gobernó esa provincia tras ser elegido en las urnas, lloró varias veces durante su alegato en el juicio, al que llegó en silla de ruedas y mostrando un aspecto moribundo que abandonó al subrayar que la dictadura impidió la instalación de un "Gobierno satélite del comunismo".

A los 83 años y tras gozar durante una década de la prisión domiciliaria, Jorge Videla, el dictador que en plena represión llegó a definir a los desaparecidos como "una incógnita", fue trasladado en octubre a la cárcel militar de Campo de Mayo, en la periferia de Buenos Aires.

La decisión del juez Norberto Oyarbide fue celebrada por las entidades humanitarias que desde hacía años reclamaban el traslado a una cárcel común de quien había encabezado el golpe de Estado que el 24 de marzo de 1976 puso fin al Gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón.

De los 500 bebés que se calcula que fueron robados a sus padres durante la "guerra sucia", las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron en septiembre que la cifra de nietos "recuperados" llegó a 95 y que unos 3.300 jóvenes argentinos se han interesado en conocer su verdadera identidad.

Con la misma intensidad con la que reclaman mayor celeridad en los juicios a represores del gobierno de facto, los organismos humanitarios también exigen respuestas por la desaparición de Jorge Julio López, el "primer desaparecido de la democracia".

Este albañil fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, días después de testificar en un juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, condenado posteriormente a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

En las que quizás fueron las dos resoluciones más significativas que ha tenido la causa, la Justicia apartó de la investigación a la Policía de la provincia de Buenos Aires por "negligencia" y procesó a un ex agente de Migraciones que registró el paso de López a Paraguay doce días después de iniciada su búsqueda.