Una agrupación panameña denuncia la intervención religiosa en un proceso legislativo

Panamá.-  Representantes de la Alianza de Mujeres de Panamá denunciaron hoy que la suspensión del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva es resultado de las presiones de los grupos religiosos que cuentan con la complicidad de los gobernantes.

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(EFE)

No obstante, antes de emprender acciones, es necesario investigar el proceso de suspensión del debate porque "hay dudas sobre la legalidad administrativa de todo este asunto", añadió Martínez, quien también dirige el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP) de Panamá.

"La alianza entre el sector más tradicional de la Iglesia católica y los grupos más fundamentalistas de los evangélicos ha interferido en el proceso de ley y ejercido una fuerte presión, en contra de lo que debe ser la división entre la Iglesia y el Estado", dijo la ex diputada de la Asamblea panameña y miembro de la Alianza de Mujeres Teresa de Arias.

El proyecto de ley, negociado durante tres años por diferentes grupos de la sociedad integrados en una Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (CNSSYR), fue rechazado por la Asamblea Nacional de Panamá el pasado 3 de diciembre.

Esta decisión, apoyada por 4 de los 7 diputados a cargo del proyecto, se atribuyó a que "el debate, lejos de reforzar los lazos de unidad, hermandad y solidaridad, creaba un ambiente de desintegración" y a que "el 90 por ciento de los participantes se oponía", según publicó el Legislativo en su página web.

Aunque el documento incluía modificaciones propuestas por escrito por la Iglesia, había generado un gran revuelo entre las denominadas asociaciones "pro-familia" de Panamá, quienes denunciaron la propuesta educativa por violar el derecho de los padres a decidir sobre la educación sexual de sus hijos.

La queja se dirigía especialmente al artículo del proyecto en el que se contemplaba la elaboración de una guía sexual para alumnos de primaria (entre cinco y doce años), en la que se les advertía cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual y los riesgos de iniciar relaciones anticipadamente.

"No es verdad que la mayoría estuviera en contra en el debate, hasta el momento de la suspensión la mitad de los grupos presentados apoyaron la ley con datos científicos y la otra mitad, en su mayoría, se basaron en argumentos bíblicos", aseguró a Efe la integrante de Alianza de Mujeres de Panamá, Haydeé Méndez.

La Alianza presentó hoy un estudio elaborado por la consultora Dichter & Neira en el que un 55,2 por ciento de los encuestados afirma que esta ley mejoraría la calidad en la información que tienen los jóvenes sobre salud sexual y les ayudaría a desarrollar una actitud más responsable.

Según la encuesta, que tiene un margen de error del 2,9 por ciento, la mitad de los que participaron en la investigación creen en las virtudes de la propuesta legislativa para fortalecer los valores familiares, mientras que un 31 por ciento asegura que los pondría en riesgo.

El proyecto de ley fue elaborado por los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Salud, la Asociación para el Planeamiento de Familiar y la Caja del Seguro Social, principal casa de salud pública del país.

Otra integrante de la Alianza de Mujeres, Nidia Martínez, explicó que "el ambiente preelectoral es un factor del cambio de actitud gubernamental", pero que sobre todo "ha pesado la presión religiosa y el hecho de que nunca antes se hubiera hablado abiertamente de este asunto en Panamá".

Las representantes de la Alianza, presentes en una rueda de prensa en la Defensoría del Pueblo, coincidieron en la puesta en marcha de actividades en un futuro próximo para reactivar este proyecto de ley.

No obstante, antes de emprender acciones, es necesario investigar el proceso de suspensión del debate porque "hay dudas sobre la legalidad administrativa de todo este asunto", añadió Martínez, quien también dirige el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP) de Panamá.

Según Arias, "no es una práctica transparente secuestrar un proyecto de ley durante el primer debate en la Asamblea".

El texto proponía reconocer el derecho a la salud y formación sexual y reproductiva de los ciudadanos, incluyendo todos los niveles educativos; y orientar y aconsejar en sexualidad sana, comunicación afectiva e igualdad de género.

También promovía la atención sanitaria y reproductiva a hombres, mujeres y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas privadas de libertad, trabajadores sexuales y personas con preferencias sexuales diversas.

Solicitaba la atención para madres antes, durante y después del parto; enfermos por infecciones de transmisión sexual y sida; personas con menopausia y andropausia; y víctimas de violación.