Madrid.- Diversas asociaciones de inmigrantes se han mostrado en contra de limitar la reagrupación familiar de los ascendientes de los inmigrantes residentes en España, tal y como recoge el informe sobre la reforma de la Ley de Extranjería aprobado hoy por el Gobierno.
Diversas asociaciones de inmigrantes se han mostrado en contra de limitar la reagrupación familiar de los ascendientes de los inmigrantes residentes en España, tal y como recoge el informe sobre la reforma de la Ley de Extranjería aprobado hoy por el Gobierno.
Este informe contempla que sólo podrán desplazarse a España los mayores de 65 años siempre y cuando su familiar resida en el país desde hace más de cinco años.
Raúl Jiménez, portavoz de la Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui, ha calificado esta medida de "absurda y desproporcionada", ya que muchos padres tienen menos de 65 años.
Por su parte, el presidente de la asociación América España, Solidaridad y Cooperación (AESCO), Juan Carlos Rois, ha explicado a Efe que los padres latinoamericanos "evitan que se gaste más en guarderías" porque cuidan de sus nietos, así que "hace falta un estudio más cuantitativo".
Las asociaciones consultadas por Efe han visto positivo que la reforma permita obtener un permiso de trabajo a los hijos mayores de dieciséis años y a los cónyuges de los residentes en España.
Anteriormente, los hijos de inmigrantes no podían trabajar si no estudiaban, puesto que carecían de permiso de trabajo, según el portavoz de Rumiñahui.
La ampliación del período de estancia de los inmigrantes en situación ilegal de 40 a 60 días en los centros de internamiento, recogida en el informe, tampoco goza del visto bueno de las asociaciones.
El presidente de AESCO ha calificado de "grave" este internamiento, independientemente del número de días, y ha pedido que se regule esa estancia y que se establezcan unas garantías para los internados.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos, FENADEE, Santiago Morales, ha añadido que prolongar la estancia en los centros de internamiento "atenta contra los derechos humanos".
Morales, destacó asimismo que todas estas modificaciones llaman a un cuestionamiento por al modelo "racista y xenófobo" de Occidente que "procura trasladar la responsabilidad de la crisis a la inmigración".
Raúl Jiménez, de Rumiñahui, ha denunciado la "saturación" de esos centros y ha explicado que alargar el tiempo es "alargar la vulnerabilidad de los internos".
La reforma también debería recoger la ralentización de la burocracia en los trámites que tienen que realizar los inmigrantes, según Juan Carlos Rois, de AESCO.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, Kamal Rahmouni, ha destacado que esta va a ser "la cuarta o quinta reforma" de la ley de extranjería en ocho años y eso "refleja que no existe un marco legal estable" que permita avanzar en derechos para llegar a una plena integración.
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