Vigo.- El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo ha condenado en sentencia pública dada hoy a conocer a José Carlos Silva, ex alcalde popular de Gondomar, y a otros cinco integrantes de su gobierno, a la pena de un año y seis meses de prisión cada uno como autores de un delito continuado contra la ordenación del territorio.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo ha condenado en sentencia pública dada hoy a conocer a José Carlos Silva, ex alcalde popular de Gondomar, y a otros cinco integrantes de su gobierno, a la pena de un año y seis meses de prisión cada uno como autores de un delito continuado contra la ordenación del territorio.
También se les inhabilita para el ejercicio de cargo municipal por un periodo de ocho años.
La sentencia recoge la misma pena para el ex alcalde que para los que fueran cargos de responsabilidad de su gobierno municipal y miembros de la Junta Local José Luis Mosquera, Ángel Gregores, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa.
En la decisión judicial a la que ha tenido acceso EFE, se considera probada la concesión de licencias urbanísticas "contra derecho" entre diciembre de 2005 y enero de 2006 desde el gobierno encabezado en aquel entonces por José Carlos Silva, a pesar de que "los acusados sabían que esas normas no eran aplicables".
Los permisos de construcción, dice el tribunal, fueron otorgados bajo el marco legal de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) anulado y con informes jurídicos desfavorables por parte de los técnicos municipales.
El ex alcalde no aclaró cuando conoció el auto que advertía de la ilegalidad de la norma urbanística
En el texto del Juzgado de lo Penal se relata que existen pruebas de la llegada al ayuntamiento, vía fax, el 30 de noviembre de 2005, de un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con fecha 21 de noviembre que anulaba las medidas aprobadas por el gobierno en pleno para modificar el PGOM y adaptarlo a la ley.
Esta prueba, supone que las licencias, cerca de 40, afirma el tribunal, fueron concedidas con conocimiento de que no se ajustaban a derecho.
José Carlos Silva, argumentó en su defensa que no tuvo constancia del auto hasta el 16 de enero.
Sin embargo, el magistrado Miguel Aramburu García-Pintos, considera que la notificación de la llegada del fax y la presentación en noviembre de un recurso al auto desde el despacho de abogados contratado por el ayuntamiento de Gondomar, son argumentos que contradicen la versión del ex alcalde.
La actual secretaria del Ayuntamiento, Nuria Lobato, que relevó en el cargo a la anterior secretaria, declaró que el auto del TSXG de noviembre, en el que se anulaba el acuerdo plenario, le fue entregado el 16 de enero por el propio alcalde.
Reconoció que a ese documento no se le dio entrada a través del registro municipal sino que llegó directamente al fax del regidor local.
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