Santiago de Chile.- Familiares de las víctimas de la dictadura militar (1973-1990) demandarán y pedirán la destitución de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Karla Rubilar, quien denunció supuestos casos de falsos detenidos desaparecidos.
Así lo informó hoy la vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García (c). EFE/Archivo
Así lo informó hoy la vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, quién agregó que la diputada Karla Rubilar, del opositor Partido de Renovación Nacional, quién hizo las denuncias, "debe ser sacada de inmediato" de la presidencia de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
García anticipó que como agrupación van a comenzar una demanda por apología al terrorismo de Estado, y la familia de Luis Emilio Recabarren, uno de los casos denunciados como falsos por Rubilar, presentará una denuncia por injurias.
La parlamentaria afirmó hace unos días que dos personas vieron a Recabarren vivo en Buenos Aires, datos que dijo haber entregado al juez Carlos Gajardo, que investiga casos de falsos desaparecidos.
Gajardo abrió la investigación tras la aparición de Germán Cofré, que figuraba en las listas de víctimas pero apareció hace algunas semanas y señaló que en los años 70 huyó a Argentina.
Cofré aseguró que su familia, que recibió beneficios gubernamentales, no sabía que estaba vivo.
En declaraciones a radio Bío-Bío, Mireya García, añadió que la parlamentaria "ha hecho un daño inconmensurable. Ella no se imagina lo que esto significa para los familiares de detenidos desaparecidos y creo que una diputada no puede actuar de manera tan irresponsable, de forma tan inhumana como lo ha hecho", aseveró.
Ana González, la madre de Luis Emilio Recabarren, un dirigente sindical comunista que fue detenido en 1976 por la policía secreta junto a su esposa embarazada, su padre y un hermano, todos desaparecidos, dijo que quien está vivo es su nieto, que vive en Suecia y se llama igual que su padre.
En tanto, el abogado del programa gubernamental de Derechos Humanos, Boris Paredes, pidió a la diputada Rubilar "dejar de jugar" con el dolor de los familiares de las víctimas de la dictadura.
"Todos los antecedentes apuntan a que esta gente fue brutalmente torturada y hecha desaparecer", sostuvo Paredes.
Por su parte, Karla Rubilar aseguró que siempre dijo que no se trataba de hechos comprobados, al tiempo que precisó que está dispuesta a perder la presidencia de la comisión de Derechos Humanos en favor de la búsqueda de la verdad.
Parlamentarios de la oficialista Concertación presentaron hoy una censura contra la diputada, tras calificar como extremadamente grave la "falsa entrega de información", explicó a Efe el jefe de bancada del partido socialista, Fidel Espinoza.
Espinoza dijo: "esperamos que ella renuncie por un tema ético y moral, de lo contrario votaremos la censura para la cual tenemos los votos suficientes".
En tanto, el subsecretario del interior, Patricio Rosende, también restó validez a las denuncias de la legisladora, indicando que para el Gobierno "no hay antecedentes en ninguno de los casos que nos haga presumir en ninguna medida que se trata de casos falsos".
La cuestionada parlamentaria señaló que tiene "la conciencia tranquila", que descarta una posible renuncia y que lo que corresponde es que el ministro en visita (juez especial), es la única persona que puede decir si (las denuncias) son verdaderas o falsas.
Según los parlamentarios, la censura de la presidencia de la comisión será votada la próxima semana.
En 1991, la comisión encabezada por Raúl Rettig, que elaboró el conocido "informe Rettig", documentó las violaciones de los derechos humanos en Chile durante la dictadura, y estableció que hubo 3.197 víctimas, de las que cerca de 1.200 fueron detenidos desaparecidos.
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