Quito.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió hoy que enviará a consulta popular el polémico proyecto de ley minera, que analiza la Comisión Legislativa, si ésta "sucumbe" a las presiones de quienes han protestado en los últimos días para que sea archivada.
El pasado 6 de enero mineros artesanales protestaron contra la nueva Ley de Minería instaurada por el Gobierno de Rafael Correa. EFE/Archivo
Durante su informe semanal, emitido desde Cuba en donde se encuentra en una visita oficial, Correa lanzó la advertencia y rechazó las protestas realizadas esta semana por opositores al proyecto de ley, en las que resultaron heridos dos policías.
"Ojalá, en nombre de una seudodemocracia, no cometan el error de recibir a estos grupos que, por la fuerza, se han querido imponer. Sería un tremendo insulto a los ciudadanos ecuatorianos, a la democracia, a la posición de un Gobierno que trata solo de hacer cumplir la Ley y defender el bien común", anotó.
El mandatario, quien considera "fundamentalistas" a quienes se oponen a la extracción minera en el país, insistió en la importancia de la aprobación del proyecto de ley minera que promueve la explotación de recursos con responsabilidad social y ambiental.
El jefe de Estado pidió a la Comisión Legislativa que apruebe "lo más rápido posible" el proyecto de ley de minería y advirtió con rechazar la misma si los comisionados "sucumben" a las presiones de los grupos que se oponen a la minería.
"Si sucumbe (la Comisión Legislativa) ante las presiones de estos grupos que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, y no representan a nadie, y muchas veces son grupos hasta corruptos financiados por trasnacionales mineras, les veto totalmente la Ley", advirtió Correa.
Apuntó que si veta totalmente el proyecto de ley, la mandará "a consulta popular para que ese 87 por ciento del pueblo ecuatoriano que apoya la ley pueda expresarse directamente".
El Gobierno de Ecuador ha insistido en que seguirá adelante con el proyecto de la nueva ley minera pese a las movilizaciones y manifestaciones de campesinos, indígenas y grupos ecologistas en contra.
El ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, señaló el pasado jueves que Ecuador, "un país pobre, no puede seguir sentado sobre grandes recursos".
Añadió que las movilizaciones de protesta responden a "una tergiversación y una manipulación de las comunidades por parte de ciertos dirigentes" que no les dicen la verdad "para lograr la desestabilización".
"Los dirigentes indígenas y ambientales dan argumentos que no tienen ningún sentido, como que no se va a respetar el agua, cuando la ley establece que las prioridades serán las mismas que están en la Constitución, y habla de la Secretaría Nacional del Agua" como el "único ente que podrá regular el uso del agua", explicó Palacios.
"Básicamente, el miedo de las comunidades y de los campesinos es que se dañe su acceso al agua, entonces se va a proteger para que no suceda", agregó.
Respecto a la exigencia de los grupos indígenas que reclaman que se archive el proyecto de la nueva ley, Palacios señaló que "archivar la ley supone quedarnos con la ley anterior, y la ley anterior no establece regalías, no establece controles, seguirían manejando las mismas mafias que vienen manejando hasta ahora".
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