Quito.- El Gobierno de Ecuador calificó hoy de "favorable" la suspensión de una audiencia que solicitó la petrolera Murphy al Tribunal de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en donde se ventila un contencioso contra el Estado ecuatoriano.
El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador y los ingresos que obtiene por la venta del crudo financian casi un 35 por ciento del presupuesto del Estado. EFE/Archivo
En un comunicado de prensa, la Procuraduría de Ecuador precisa que la audiencia, que debía efectuarse el pasado viernes, tenía como objetivo "discutir la pertinencia de la solicitud de medidas provisionales presentada por Murphy" contra Ecuador.
Según la Procuraduría, la audiencia fue suspendida por 60 días por el Tribunal, después de que Ecuador acogiera la solicitud de suspensión de la audiencia.
"Con esto se obtiene un nuevo resultado favorable para el Estado ecuatoriano en los arbitrajes internacionales", dijo el procurador Diego García en el comunicado, en el que se precisa que Murphy es una petrolera asociada a la hispano-argentina Repsol-YPF, que opera en el denominado Bloque 16, en la Amazonía ecuatoriana.
Según el procurador, la compañía "reclama ante el Tribunal que la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos de abril de 2006, más conocida como la Ley 42, le causó un perjuicio al equilibrio económico del contrato".
El Gobierno de Ecuador puso en vigencia dicha ley en 2006, la cual establece un reparto a partes iguales entre las petroleras y el Estado sobre los ingresos adicionales que las compañías obtenían por el alto precio de la venta de crudo ecuatoriano en los mercados internacionales.
El informe de la Procuraduría también remarca en el acuerdo al que llegó el Gobierno ecuatoriano y Repsol YPF sobre la renegociación de su contrato petrolero y precisa que esa resolución dejaría sin sustento la tesis de la compañía Murphy.
Ecuador "se encuentra a las puertas de alcanzar un acuerdo final con la compañía Repsol (...), lo que dejaría sin sustento la tesis de la compañía Murphy, que demandaba ante el CIADI la necesidad de que el Estado ecuatoriano se abstuviera de adoptar cualquier medida unilateral para dar por terminado el contrato", precisa el texto.
Además, el Procurador dice en el texto que la compañía estadounidense "reconoce, de forma expresa, que el acuerdo que se alcance entre el Estado y la compañía Repsol YPF dejaría sin piso el pedido de medidas provisionales de Murphy".
La empresa estadounidense se habría "comprometido a retirar su solicitud una vez firmado el acuerdo final con Repsol", cita el texto de la Procuraduría.
La Procuraduría consideraba que "la solicitud de medidas provisionales (por parte de Murphy) no tenían sentido, a la luz de las negociaciones en marcha entre Repsol y el Gobierno ecuatoriano".
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