Washington.- Human Rights Watch (HRW) elogió hoy a países latinoamericanos como Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay por sus esfuerzos para estar "a la cabeza" de la defensa de los derechos humanos en foros internacionales.
Pese a los elogios que otorga HRW al Gobierno del presidente Felipe Calderón por defender los derechos humanos en el exterior, la organización también subraya que aún tiene que hacer sus deberes en casa. EFE/Archivo
En su informe anual, que revisa la situación de los derechos humanos en el mundo en 2008, HRW señala que EE.UU. y la Unión Europea (UE) ya no son los únicos que promueven el respeto a los derechos humanos en el exterior y que varios gobiernos en América Latina, Asia y África han asumido un papel cada vez más importante en esta materia.
En América Latina destacan los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay, que "han apoyado sistemáticamente iniciativas para la defensa de los derechos humanos", desde el Tribunal Penal Internacional hasta el Consejo de Derechos Humanos" de la ONU, con sede en Ginebra, indicó la organización.
México, por su parte, "ha jugado un papel importante" en ese órgano, al abogar activamente por que todos los países participen en el Examen Periódico Universal (EPU); en la Asamblea General de la ONU, donde defendió la independencia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; y en el Consejo de Seguridad, donde es miembro no permanente y ha pedido que se dé más prioridad a esta materia.
Pese a los elogios que otorga HRW al Gobierno del presidente Felipe Calderón por defender los derechos humanos en el exterior, la organización también subraya que aún tiene que hacer sus deberes en casa.
"Desafortunadamente, México ha sido lento a la hora de responder a los severos y persistentes problemas de derechos humanos que registra en casa", sentencia HRW en su informe.
En concreto, la organización reprocha a ese país latinoamericano que se haya opuesto a una cláusula que quería incluir EE.UU. en la Iniciativa Mérida para condicionar su financiación para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado a la mejora de los derechos humanos en México.
HRW también acusa al Gobierno mexicano de haber ejercido "presiones" para conseguir el traslado del representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, "por sus comentarios críticos" sobre el trabajo del Ejecutivo en materia de derechos humanos.
El Gobierno mexicano aseguró que el traslado de Incalcaterra responde a un trámite habitual del organismo, y el propio representante de la ONU señaló que la decisión responde a un "cambio normal" en el seno de la institución multilateral.
HRW también se refiere en su informe a Brasil, país que "ha apoyado en los últimos años activamente los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)" -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)-.
No obstante, destaca HRW, Brasil "ha mostrado en otras ocasiones simpatía por el punto de vista defendido por algunos países que obstruyen la defensa de los derechos humanos con el argumento de la soberanía", como cuando se negó a firmar el tratado internacional para eliminar las bombas de racimo, consideró la organización.
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, explicó en diciembre que su país se negó a firmarlo porque quería un tratado más amplio.
En su extenso informe, HRW menciona asimismo a Cuba, que, dice, "sigue siendo el único país en América Latina que reprime casi todas las formas de disidencia política", después del traspaso del poder de Fidel Castro a su hermano Raúl.
Esta organización afirma que el Gobierno cubano ha reducido su papel de "obstructor" de la defensa de los derechos humanos en los foros internacionales, si bien con el "entendimiento tácito" de que el Consejo de Derechos Humanos no reviva resoluciones críticas.
El año pasado firmó dos tratados fundamentales de derechos humanos y conmutó sentencias de pena de muerte de varios presos.
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