Santiago de Chile.- Un juez chileno procesó hoy por asociación ilícita a varios ex militares que en 1993 urdieron una maniobra para dejar impune a un estrecho colaborador de Augusto Pinochet en el juicio por el asesinato de un diplomático español, informaron fuentes judiciales.
El grupo, según la resolución del juez Alejandro Madrid, tramó un plan para convencer a un suboficial de que cambiara una declaración en la que señaló al brigadier Jaime Lepe como el jefe de la brigada de la policía secreta que en 1976 asesinó al español Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Soria fue secuestrado y asesinado por un grupo de agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en julio de 1976 y su cadáver fue lanzado a un canal para simular un accidente.
Según el testimonio del suboficial José Ríos San Martín en el juicio, los agentes eran encabezados por Jaime Lepe Orellana, que con el tiempo se convirtió en colaborador personal de Pinochet y en secretario general del Ejército.
Los procesados hoy, según el juez Madrid, convencieron a Ríos San Martín de cambiar su testimonio a cambio de dinero y un automóvil.
Los involucrados en el crimen de Carmelo Soria fueron beneficiados finalmente con la ley de amnistía impuesta por Pinochet durante su régimen (1973-1990), aunque en la parte civil el Estado chileno debió pagar una indemnización a la familia de Carmelo Soria, que había llegado al país suramericano al término de la Guerra Civil española.
Los procesados por el juez Madrid son el propio brigadier Jaime Lepe, el general retirado Eugenio Covarrubias, ex jefe de Inteligencia del Ejército, y el ex oficial Rene Quilhot Palma, así como Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán González Fernández, acusados de asociación ilícita.
Lepe, junto al ex fiscal militar Sergio Cea Cienfuegos y a los ex funcionarios judiciales Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez fueron procesados también por falsificación de instrumento público, los dos últimos como cómplices.
Además, como autores del delito de presentar testigos o documentos falsos en un juicio criminal fueron procesados Jaime Lepe y Eugenio Covarrubias y como cómplices, Rene Quilhot Palma, Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán González Fernández.
Carmen Soria, hija de la víctima, dijo hoy que la resolución del juez Madrid abre una posibilidad de que el juicio por el asesinato de su padre sea reabierto, pese a ser un caso amnistiado, e instó al Gobierno a solicitar esta medida.
"Es un gran momento para que el Gobierno pida la reapertura del juicio", dijo a radio Bío Bío Carmen Soria.
"Desde el año 92 creo que se sabe quiénes mataron a mi padre, cómo lo torturaron y lo que hicieron con él. Espero que el Gobierno actúe y sea el ministerio del Interior el que pida, junto con nosotros, la reapertura a la Corte Suprema", añadió.
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