Madrid.- El despacho Cremades & Calvo-Sotelo ha creado una agrupación de perjudicados por el fraude de Bernard Madoff, que aglutina a cerca de 100 afectados directos españoles y latinoamericanos con pérdidas de 120 millones de euros, con el objetivo de forzar a la banca a negociar.
En la imagen, el financiero estadounidense Bernard Madoff llega a la Corte Federal pra una audiencia sobre su fianza. EFE/Archivo
En una rueda de prensa, el socio Javier Cremades explicó que a finales de la próxima semana comenzará a reunirse con las entidades financieras que vendieron productos de Madoff, entre ellas el Banco Santander, con quienes quiere llegar a un acuerdo extrajudicial como medida más "idónea" para que los afectados recuperen rápidamente su dinero.
"La capacidad de negociación será mayor si los perjudicados acuden en grupo", declaró Cremades, que insistió en que "la situación del mercado financiero aconseja llegar a un acuerdo" antes de decantarse por presentar demandas individuales en España.
Además, especificó que a la demanda colectiva que tiene previsto interponer en Estados Unidos ("class action") sólo se podrán acoger los clientes que compraran productos del Santander domiciliados en Miami, ya que ese tipo de litigios requieren de perjudicados con vinculación directa en el país norteamericano.
Cremades insistió en que la banca española, en calidad de intermediario y comercializador de productos relacionados con Madoff, "es evidente que puede tener una responsabilidad".
Según el despacho, esa responsabilidad patrimonial, a la que se une "el intangible de la confianza" viene derivada de la falta de información a los clientes sobre el producto en el que invertían, la existencia de cláusulas abusivas y la falta de diligencia en la comercialización de los productos.
Con esta última tesis coinciden los despachos Zunzunegui y Jausas, que aconsejaron desde un principio la negociación con las entidades financieras.
A su juicio, los bancos gestores de los productos afectados podrían no haber cumplido sus obligaciones de vigilancia y protección del inversor.
En concreto, recordaron que los procesos de diligencia debida que están obligados a realizar los gestores de "hedge funds" -como es el caso del Banco Santander- buscan comprobar las garantías de la solvencia del administrador del producto a través de factores como la calidad del auditor o los ratings asignados, lo que podría no haberse hecho en España.
Durante la rueda de prensa, Javier Cremades también puso de manifiesto que los fondos de Madoffno cobraban comisión de gestión, lo que hacía aún más atractiva su comercialización y podría haber llevado a la banca "a no pensar exclusivamente en los intereses de los clientes".
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