La Habana.- El Gobierno cubano exige "respeto" al informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la isla que será evaluado el próximo día 5 en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y aseguró que está dispuesta a brindar la información y las aclaraciones necesarias.
Elizardo Sánchez, líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, grupo considerado ilegal por las autoridades de la isla, ha acusado al Gobierno de violar "todos los derechos civiles, políticos y económicos". EFE/Archivo
"Cuba asiste al examen periódico universal en defensa de la verdad. Estamos abiertos al diálogo y brindaremos la información y aclaraciones necesarias", declaró al diario oficial Juventud Rebelde, Carmen Herrera, subdirectora de asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.
El informe fue entregado el 31 de octubre del año pasado para su evaluación, como parte del proceso que deben seguir todos los países una vez cada cuatro años ante el Consejo, del que Cuba forma parte.
Herrera afirmó que "Cuba tiene un digno historial, ejecutado por la revolución en materia de promoción y protección de derechos humanos" y que su país ha buscado impedir que en el Consejo, que sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos, "se entronicen las nocivas prácticas que hundieron" al órgano anterior.
En su opinión, el informe, de 20 páginas, es "abarcador" y señaló que Cuba espera que "no se vea ensombrecido por los lastres del pasado" y la cooperación internacional y "constructiva" sea la "única vía para promover y proteger efectivamente los derechos humanos".
Organizaciones disidentes, como la Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDHRN) han descalificado el informe por no haber tenido en cuenta la opinión de "todos los actores interesados" en la materia y han recordado que en la isla hay 207 presos políticos, 57 de ellos adoptados por Amnistía Internacional.
La Comisión denunció este mes que el Gobierno elaboró el informe "sin propiciar el amplio proceso de consulta con todos los actores interesados pertinentes" por lo que "no permite reconocerle la necesaria credibilidad".
Elizardo Sánchez, líder de ese grupo considerado ilegal por las autoridades de la isla, ha acusado al Gobierno de violar "todos los derechos civiles, políticos y económicos", así como ciertos derechos sociales y culturales.
El Gobierno cubano anunció en diciembre de 2007 la firma de los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, y de derechos civiles y políticos, como "expresión" de la colaboración del país con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que es miembro.
Sin embargo, hasta el momento aún no han sido ratificados, trámite para el que continúa "en proceso", según indicó en diciembre el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, al subrayar que "no debe haber dudas" de que las intenciones de la isla en este apartado "son serias".
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