El fiscal pide 2 años para Pacheco por autorizar 300 viviendas contra la ley

Santander.-  La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel y 10 de inhabilitación para el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), al que acusa de prevaricación urbanística por haber autorizado en dos años 18 promociones que suman 302 viviendas a pesar de haber sido advertido de que vulneraban la legalidad.

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(EFE)

La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel y 10 de inhabilitación para el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), al que acusa de prevaricación urbanística por haber autorizado en dos años 18 promociones que suman 302 viviendas a pesar de haber sido advertido de que vulneraban la legalidad. EFE/Archivo

La Fiscalía de Cantabria ha planteado esta acusación en el procedimiento abierto contra Pacheco en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander a raíz de las denuncias de un colectivo de vecinos de Piélagos y del propio Ministerio Público.

El fiscal sostiene que Pacheco concedió esas 18 licencias a pesar de haber sido advertido por el arquitecto municipal y por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de que vulneraban la legalidad, "por basarse en interpretaciones declaradas formalmente contrarias al ordenamiento urbanístico, según reiterada jurisprudencia", conforme explica en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe.

Piélagos ha recibido en los últimos años varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que han puesto en cuestión la legalidad del urbanismo practicado por el Ayuntamiento durante el mandato de Pacheco, que gobierna con mayoría absoluta.

Entre otras, se han dictado cuatro sentencias de derribo contra otras tantas urbanizaciones que suman un centenar de viviendas en la localidad costera de Liencres y se ha declarado ilegal un plan parcial que permitía construir 400 apartamentos y chalés en el Alto del Cuco, incrustados mediante taludes en la ladera del monte.

Entre las promociones cuya legalidad cuestiona la Fiscalía a partir de los informes de los servicios municipales no figura ninguna de las urbanizaciones con sentencia de derribo, sino que son posteriores a los expedientes de los que éstas se derivan.

Sin embargo, el fiscal establece una relación directa entre los delitos que imputa a Pacheco y las sentencia de derribo derribos, porque considera esas resoluciones de judiciales prueban que el alcalde conocía que estaba dando por buena una interpretación del urbanismo que los tribunales reiteradamente habían rechazado y que sus propios técnicos ya no admitían.

"En todos los expedientes, el acusado concede las licencias referidas considerando urbanos unos terrenos que carecen de tal condición, según la normativa urbanística vigente en el territorio, interpretada de forma reiterada por los órganos judiciales, que habían venido anulando licencias otorgadas en las mismas condiciones que las concedidas", asegura la Fiscalía en su escrito de cargos.

El Ministerio Público subraya, además, que "constan en los referidos expedientes informes en tal sentido por parte del arquitecto municipal y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento".

Las licencias sobre las que se asienta este procedimiento penal permitieron la construcción de 302 viviendas en las localidades de Carandia, Liencres, Oruña, Puente Arce, Quijano, Vioño y Zurita, en promociones que van desde las dos viviendas que tienen más pequeña (dos promociones de Quijano), a las 80 casas que componen la más grande (una promoción de Carandia).

Parte de los vecinos que denunciaron los hechos se han personado en la causa y tienen previsto presentar en los próximos días ante el Juzgado su escrito de acusación contra el alcalde.