Propietarios de 7 casas ilegales pendientes de derribo critican el agravio comparativo

Pereiro de Aguiar.-  Pereiro de Aguiar, Ourense, 31 ene (EFE).- Los propietarios de siete viviendas sancionadas por la consellería de Obras Públicas y alguna con sentencia de derribo del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), critican el agravio comparativo frente a otras 500 denunciadas en la provincia pero sin multas ni derribo.

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(EFE)

Integrantes de las siete familias que construyeron su vivienda en los pueblos de Vilariño y Melias (Pereiro de Aguiar) con autorización y supervisión del Ayuntamiento antes del años 2000 y ahora sancionadas y condenadas a derribo por estar en un suelo calificado como rústico de protección de cauces y paisajístico.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Pereiro de Aguiar contra los derribos de viviendas, Luis Prada, explicó a Efe que los afectados, todos de Vilariño, enviaron una carta a todos los grupos políticos gallegos y del resto de España para explicarles la situación y concienciarles de que castigar a siete familias con multas de hasta 60.000 euros "no solucionará el problema urbanístico de Galicia".

Los afectados de Pereiro son siete vecinos que, según la documentación a la que tuvo acceso Efe, comenzaron a construir sus viviendas antes del año 2000, 6 en el pueblo de Vilariño y uno en el de Melias, ambos constituidos por casas que se reparten por la falda de un monte que termina en el río Miño, a tres kilómetros de la ciudad de Ourense.

Según Prada, las siete viviendas pendientes ahora de derribo se construyeron con todas las autorizaciones "de palabra" del Ayuntamiento de Pereiro y con la presencia de técnicos municipales que visitaban las obras "y de hecho llevamos años pagando todos los impuestos municipales correspondientes".

Las viviendas pasaron a ser ilegales tras la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal de Pereiro en el año 2000 que a pesar de una reforma posterior aprobada en el 2002, registró las siete viviendas en suelo calificado como rústico de protección por cauce de río y por interés paisajístico.

"No entendemos cómo nuestras casas, repartidas por varios lugares del pueblo, quedaron en situación ilegal pues entre todas las legales están las más cercanas al río Miño", agregó.

Una inspección de la consellería de Obras Públicas originó la apertura de expedientes y el inicio de un proceso judicial que por ahora, se saldó con multas de 60.000 a 180.000 euros, y una sentencia de derribo emitida en diciembre de 2008 por el TSXG para una de las viviendas aunque esperan otras seis, según el letrado Xosé Luis Brea.

Todas las sanciones administrativas y sentencias judiciales están recurridas, mientras el Ayuntamiento de Pereiro comienza un nuevo proceso de modificación del PGOM.

Los vecinos dicen sentirse "desamparados" y reconocen como "gran error" fiarse del Ayuntamiento cuando empezaron a construir sus viviendas, pero ahora reclaman la paralización de todos los expedientes en curso y que se agilice la modificación del PGOM.

En su carta a los políticos, el colectivo de afectados denuncia también un "evidente" agravio comparativo, pues la Consellería les informó de la existencia de al menos 70.000 viviendas ilegales en toda Galicia "y prefieren sancionar y derribar sólo las nuestras a pesar de que son legalizables según los informes técnicos".

En ese sentido, Prada recordó que todos los afectados pagan, además de los correspondientes impuestos, la hipoteca o préstamo pedidos para la construcción y las multas "y se comprueba fácilmente que, en nuestro caso, las medidas tomadas contra nosotros son desmesuradas en relación al supuesto daño que causamos", concluyó.