El atentado contra la fiscal Echaíz es un ataque contra la democracia, dice el Gobierno peruano

Lima.-  El atentado contra la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, perpetrado en la noche del sábado en Lima fue calificado hoy como un "ataque contra la democracia" por el ministro del Interior de Perú, Remigio Hernani.

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(EFE)

Fotografía de archivo sin fecha de la fiscal del Perú Gladys Echaíz, quien fue víctima de un intento de atentado este 31 de enero, cuando la funcionaria se encontraba a bordo de su vehículo y un hombre armado "se acercó a pie" y realizó dos disparos al interior de su vehículo. EFE/Archivo

Echaiz se encontraba a bordo de su vehículo cuando alrededor de las 20.00 hora local (01.00 GMT) un hombre armado "se acercó a pie" y realizó dos disparos al interior por la ventanilla del conductor, según un comunicado de prensa de la Fiscalía.

Los miembros de la seguridad personal de la magistrada repelieron al agresor y a sus dos acompañantes, quienes se encontraban en una camioneta, tras un intenso tiroteo del que salió ilesa Echaíz.

Los tres hombres lograron huir sin que hasta ahora la Policía tenga detalles sobre su paradero, sus identidades o el móvil del ataque.

Hoy, en declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP), el ministro del Interior dijo que el atentado contra Echaíz es "un ataque contra la democracia".

Transcurridas 16 horas desde el atentado, ni el presidente Alan García ni el primer ministro, Yehude Simon, se han pronunciado sobre el caso.

Hernani recordó "que la fiscal investiga temas de corrupción trascendentes. Si fuera en ese sentido seria muy grave. Sería contra el derecho, la autoridad fiscal, también contra la misma democracia".

Y es que la oficina de Echaíz investiga el denominado caso de los "petroaudios", es decir, diversas interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos realizados supuestamente por la empresa Business Track, dirigida por el contralmirante en retiro Elías Manuel Ponce Feijoó.

Los "petroaudios" empezaron a salir a la luz cuando la prensa limeña denunció en octubre pasado la presunta corrupción de funcionarios para favorecer a la empresa noruega Discover Petroleum en la adjudicación de varios lotes petroleros en Perú, lo que motivó la salida del Gabinete del primer ministro de ese entonces, Jorge del Castillo.

La prensa peruana denunció que Business Track también tenía correos electrónicos y grabaciones de conversaciones telefónicas de diversos ministros, empresarios, políticos y congresistas, que ofrecía en venta.

Esta semana, el congresista Víctor García Belaúnde denunció que un grupo de la Marina pretendía dar un golpe de Estado, pero la comandancia de esta arma hizo público su respecto "irrestricto" al orden constitucional y democrático.

El mismo presidente peruano, Alan García, quien primero calificó el caso de los "petroaudios" como un "escandalete", dijo el viernes pasado que detrás de estas grabaciones sonoras había "un ánimo de destrucción del sistema político".

A pesar de que los indicios apuntan a un atentado contra la Fiscal de la Nación, el ministro peruano del Interior no descartó la posibilidad de que se trate de un intento de robo del vehículo, dado que algunas versiones de la policía indican que los disparos fueron realizados contra los neumáticos.

Diversas personalidades de la judicatura y del mundo político han expresado su solidaridad con Echaíz, que fue elegida en abril de 2008 como Fiscal de la Nación, y pidieron reforzar la seguridad e investigar los hechos.

"Parece que es un acto de amedrentamiento, no sabemos de dónde está dirigido", manifestó hoy el fiscal Supremo, José Peláez, al canal N de la televisión peruana.

Por su lado, el congresista oficialista Aurelio Pastor, dijo al mismo canal que "hay una serie de datos que seguramente están siendo investigando por la Fiscalía y la Policía que van a poner al descubierto intereses muy grandes, y sabe Dios qué nivel de información que se estaba traficando en los últimos tiempos de manera ilegal", además descarto la hipótesis del robo.

No es la primera vez que se atenta en Perú contra funcionarios públicos ya que en julio de 2006, el juez peruano Hernán Saturno Vergara, quien estaba a cargo del juicio abierto a un grupo de presuntos miembros del cártel mexicano de Tijuana, fue asesinado el miércoles por dos personas en Lima.