Barreda dice que acepta ser flexible, pero sin renunciar a la voluntad de Castilla-La Mancha

Toledo.-  El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha afirmado hoy que ha sido flexible en la negociación sobre el Estatuto de Autonomía para lograr un consenso, pero que no va a renunciar a que se respete la voluntad de los castellanomanchegos: que el trasvase Tajo-Segura tiene que terminar.

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(EFE)

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ayer durante una entrevista con la Agencia Efe.

Barreda se ha pronunciado en estos términos en su primera intervención en el pleno extraordinario de las Cortes regionales para hablar sobre el Estatuto de Autonomía, una sesión que ha considerado necesaria para establecer "con luz y taquígrafos" hasta qué punto está dispuesto el Parlamento regional a flexibilizar la propuesta aprobada en enero de 2007 para facilitar el acuerdo.

Ha asegurado que él pude comprometer su apoyo a la propuesta que está sobre la mesa y que cuenta con el visto bueno del PSOE y del Gobierno central y se ha preguntado si el PP de Castilla-La Mancha y su presidenta, María Dolores de Cospedal, pueden hacer lo mismo.

Según ha indicado, en el proceso de negociación y en aras del consenso, el Gobierno regional ha aceptado cambios relativos a la disposición transitoria primera en la que se pide el final del trasvase Tajo-Segura en 2015, pero -ha dicho- sin renunciar a que se reconozca "la innegable realidad" de que el trasvase tiene que terminar y que la fecha tiene que ser el año 2015.

Este planteamiento ya no estaría en una disposición, sino en el preámbulo, pero en el texto se mantendría la necesidad de reducir gradualmente el volumen de agua trasvasable al Segura y de que el río Tajo disponga de agua en calidad y cantidad en cumplimiento de la directiva europea de aguas con fecha de entrada en vigor en 2015.

También se establecería en la disposición transitoria primera y en el preámbulo una reserva de 600 hectómetros cúbicos de agua en la cabecera del Tajo que no podría ser trasvasada.

El informe previo, preceptivo y determinante que haría Castilla-La Mancha ante cualquier trasvase se sustituye por la obligación de que la comunidad sea informada antes de que se realice un trasvase para que pueda hacer un informe que será "necesariamente contestado".

El presidente regional ha realizado un relato del proceso seguido por la reforma estatutaria desde que se comenzó a vislumbrar en el año 2004 hasta su toma en consideración en octubre del año pasado y, sobre todo, ha ofrecido su versión del proceso negociador mantenido en el Congreso de los Diputados desde entonces.

Según Barreda, el grupo del PP en el Congreso planteó desde un primer momento "objeciones frontales" a los artículos relativos al agua y a la disposición transitoria primera (en la que se establece el final del trasvase en 2015), hasta el punto que su planteamiento inicial fue que esas propuestas "desaparecieran totalmente" del texto.

Por contra, el Gobierno central y el PSOE en el Congreso se opusieron a retirar esos planteamientos y ofrecieron diferentes redacciones alternativas para lograr el consenso desde el respeto a la voluntad de las Cortes de Castilla-La Mancha, adaptando su redacción para no que no quepan dudas de inconstitucionalidad.

Barreda ha añadido que, tras varias reuniones, se alcanzó un preacuerdo, pero los negociadores del PP pidieron un tiempo para someter el preacuerdo a la dirección nacional, motivo por el que el acuerdo no se firmó antes de Reyes.

Según su versión, el PP obligó a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a enviar la propuesta por escrito y designó como negociador a Javier Arenas, que aún no ha contestado de manera formal.

Por ello, ha indicado que cada día hay más dificultades para lograr el acuerdo y "más intoxicaciones" en torno a la negociación, de modo que ha planteado los términos de la propuesta que -a su juicio- aceptan el Gobierno central y el PSOE y sobre la que el PP no se pronuncia.

La clave, según el presidente regional, es saber si las Cortes de Castilla-La Mancha están de acuerdo con esa propuesta o no, pues él está autorizado a darle el visto bueno y a comprometer al Gobierno de España y al PSOE en esos términos.

Ha recalcado que, para su Gobierno, la cuestión no es "dónde" aparezca en el Estatuto la voluntad de los castellanomanchegos, sino que esa voluntad aparezca "porque es el mandato de nuestra gente".