Barcelona.- El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, reprocha en su informe sobre los centros de protección de menores que la Generalitat de Cataluña, que tiene competencias plenas en la materia, no le haya facilitado los datos que solicitó sobre esas entidades, una queja que el Gobierno catalán ha negado.
El informe, titulado "Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en situación de Dificultad Social", denuncia que muchos centros de menores están llevando a cabo "prácticas contrarias" a sus derechos y que la mayoría realizan contenciones físicas y mecánicas en situaciones de alteración del menor.
El estudio del Defensor del Pueblo dedica un apartado a analizar la situación en cada comunidad autónoma y, en el caso de Cataluña, critica que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) no le facilitara la información "requerida a las restantes administraciones de todas las comunidades autónomas con competencia en la materia".
Según Múgica, esa información, que ya había sido solicitada a través del Síndic de Greuges cuando se inició la investigación, no ha sido facilitada "en los términos y de conformidad con los datos solicitados y que resultan imprescindibles para efectuar un estudio comparativo de la situación de los centros en toda la geografía nacional".
La información que le remitió la DGAIA, añade el estudio, se limitaba a un listado de todos los centros de atención a menores con trastornos de conducta y las tarifas aplicadas en esos recursos.
En el marco del estudio, los representantes del Defensor del Pueblo visitaron el pasado mes de julio, acompañados por un técnico de la DGAIA y dos representantes del Síndic, tres de esos centros, cuyos responsables cumplimentaron unos cuestionarios que también les han sido remitidos, admite el informe.
La información remitida, según el Defensor del Pueblo, es insuficiente para determinar "los datos e indicadores homogéneos imprescindibles para el desarrollo del presente epígrafe".
Fuentes del Departamento de Acción Social, del que depende la DGAIA, han afirmado a Efe que proporcionó al Defensor del Pueblo toda la información que le fue requerida y facilitó su visita a los centros de menores, pese a no estar obligada a ello, pues en su opinión sólo tiene que rendir cuentas de su actuación ante el Síndic de Greuges.
El Estatut de Cataluña atribuye al Síndic la competencia exclusiva para supervisar la actividad de las administraciones públicas catalanas, un aspecto que, según recuerda el mismo estudio, ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.
En este sentido, la portavoz del Departamento de Acción Social ha asegurado que la Generalitat tiene competencias plenas en la materia y que no tiene ningún obligación de facilitar información sobre este asunto al Defensor del Pueblo.
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