Roma.- El Senado italiano aprobó hoy algunos artículos de la ley sobre seguridad en los que se prevé que los médicos puedan denunciar a los inmigrantes indocumentados, que se establezca un registro de vagabundos y se fije entre 80 y 200 euros el impuesto para obtener el permiso de residencia.
1.300 inmigrantes irregulares del Centro de Primera Acogida de la isla italiana de Lampedusa durante una manifiestación el 24 de enero pasado.
El controvertido proyecto de ley presentado por el Gobierno de Silvio Berlusconi, en el que se introduce también la tipificación de la inmigración ilegal como delito, tendrá que ser aprobado en su totalidad en el Senado y después volver a la Cámara de los Diputados para su ratificación final.
Una de las medidas aprobadas hoy y que más polémica ha causado es la que permite a los médicos indicar a las autoridades los inmigrantes indocumentados que se atienden en los centros sanitarios.
La nueva norma, que propuso el partido Liga Norte -que pertenece a la coalición gubernamental- cancela una anterior en la que se prohibía a los médicos delatar a los indocumentados a los habían asistido.
La organización "Médicos sin Fronteras" (MSF) protagonizó durante los pasados días una campaña de protesta bajo el lema "Somos médicos y no espías" para denunciar la posibilidad de que se aprobase esta enmienda.
"Estamos desconcertados ante la decisión del Senado de haber ignorado el grito de alarma de los médicos, enfermeras, obstétricas y cientos de asociaciones", dijo hoy el director general de MSF Italia, Kostas Moschochoritis, quien añadió que esta norma "viola el derecho del secreto profesional".
MSF ha denunciado además que con la aprobación de esta nueva ley "se corre el peligro de crear un clima de miedo y de desconfianza, reduciendo así el acceso de los inmigrantes indocumentados a los centros sanitarios, a pesar de que así lo garantiza la Constitución".
Entre los artículos aprobados hoy también se prevé una pena de cárcel hasta cuatro años para los inmigrantes sin papeles que no obedezcan a la orden de expulsión, así como fija entre los 80 y 200 euros el impuesto que los extranjeros no comunitarios tendrán que pagar para obtener o renovar el permiso de residencia.
La ley también establecerá tras su aprobación la creación de un registro de vagabundos.
Otra de las normas autoriza a las autoridades locales a la creación de las llamadas "rondas" de ciudadanos para controlar la seguridad de las calles.
Las "rondas", otro de los caballos de batalla de la Liga Norte, podrán señalar a las fuerzas del orden situaciones que violen la seguridad ciudadana, pero no podrán llevar armas, como, sin embargo, preveía el texto inicial.
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