La SIP está preocupada por la decisión de la Corte de Nicaragua sobre el asesinato de dos periodistas

Miami (EE.UU.).-  La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su preocupación por las resoluciones que pueda tomar la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en relación con los asesinos de los periodistas Carlos Guadamuz y María José Bravo.

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(EFE)

Eugenio Hernández (izda.), fue condenado en 2005 a 25 años de cárcel por el crimen de la periodista María José Bravo. EFE/Archivo

Según la SIP, con sede en Miami, los asesinos de los periodistas podrían ser puestos en libertad tras obtener privilegios y beneficios penales en el cumplimiento de sus condenas.

En ese sentido, una misión de la SIP que visitó recientemente Managua manifestó su malestar a las autoridades judiciales por el régimen de convivencia familiar que se ha concedido al asesino del periodista Carlos Guadamuz.

Expresó también su consternación por una eventual resolución que permitiría la liberación del asesino de la reportera María José Bravo.

"Tenemos esperanzas de que la Corte Suprema no dejará caer estos casos en la impunidad", señaló el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo.

Carlos Guadamuz fue asesinado a balazos en febrero de 2004, cuando ingresaba en las instalaciones de Canal 23.

El autor del crimen, William Hurtado García, fue condenado a 21 años de cárcel por los delitos de asesinato y tentativa de homicidio, pero en febrero de 2008 fue beneficiado con la excarcelación por su mal estado de salud, lo que le permite cumplir la condena en su domicilio.

María José Bravo, corresponsal del diario La Prensa de Managua, en Juigalpa, en el central departamento de Chontales, fue asesinada en noviembre de 2004.

Un ex alcalde de la región, Eugenio Hernández González, fue acusado de ser el autor material de este crimen.

Hernández había recriminado a la periodista verbalmente, antes de cometer el asesinato, por una cobertura noticiosa, según la SIP.

Un juez condenó en 2005 a 25 años de cárcel a Hernández, pero se desató una polémica pública al conocerse que, a través de un recurso procesal, se pretendía alterar la condena al calificar el crimen de homicidio culposo, lo que permitiría al condenado una próxima liberación, dado que la pena máxima de ese delito es de cinco años.

Durante la visita de la SIP, el Fiscal General, Julio Centeno, reafirmó la intención de la Fiscalía de mantener la acusación contra el asesino de Bravo, y añadió que el citado recurso estaba pendiente de una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, aseguró que el tribunal revisará el caso Guadamuz.

Indicó que se aplicó una medida cautelar y explicó que "el juez con informe médico consideró que el reo estaba enfermo y el jefe penitenciario, autorizado por la ley, concedió la convivencia familiar", en el caso de Guadamuz.

Agregó que, no obstante, fue presentado un recurso de amparo, lo que podría derivar en que haya una revisión de la medida judicial original.

Asimismo, Solís señaló a la SIP que se revisaría con cuidado el caso de Bravo.

La misión de la SIP estuvo encabezada por Santos Calderón e integrada por Gonzalo Marroquín, vicepresidente de la SIP, Prensa Libre, Guatemala; Bob Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News, Estados Unidos, y Jorge Canahuati, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, de La Prensa, Honduras.

También formaron parte José Roberto Dutriz, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de La Prensa Gráfica, El Salvador; Ed McCullough, de la agencia Associated Press, Estados Unidos; Liza Gross, de The Miami Herald; Julio Muñoz y Ricardo Trotti, director ejecutivo y director de Libertad de Prensa de la SIP, respectivamente.