Washington.- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) acusó hoy al Gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, de renegar de sus promesas sobre los detenidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Romero recordó que, cuando era candidato a la Presidencia, Obama prometió que se modificaría la política referida a los detenidos y los secretos de Estado. EFE/Archivo
Durante una vista en un tribunal federal de San Francisco (California), un portavoz del Departamento de Justicia anunció que se mantendrá la política del Gobierno anterior de invocar la defensa de "secretos de Estado" para casos de tortura y traslado de prisioneros a terceros países.
Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU, denunció que esa política se usará para "ocultar la criticable historia de torturas, traslado a terceros países y las más atroces violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Estados Unidos".
Romero recordó que, cuando era candidato a la Presidencia, Obama prometió que se modificaría la política referida a los detenidos y los secretos de Estado.
En su opinión, el Departamento de Justicia "ha renegado" ahora de esa promesa. "Si eso muestra lo que se viene, el camino será largo y difícil para que EE.UU. pueda sentirse orgulloso nuevamente".
En la citada audiencia, ACLU apeló un dictamen de ese tribunal que en febrero de 2008 rechazó una demanda contra Jeppesen Dataplan, subsidiaria de la aeronáutica Boeing, que identificaba a cinco hombres secuestrados y trasladados secretamente a prisiones estadounidenses en el extranjero, donde fueron interrogados bajo tortura.
ACLU acusó a esa empresa de participar en el programa de la CIA para trasladar prisioneros a terceros países y señaló que la demanda fue rechazada después de que el Gobierno del ex presidente George W. Bush intervino para indicar que el caso perjudicaba a la seguridad nacional.
"Estamos apabullados y profundamente decepcionados" por la decisión del Departamento de Justicia de continuar con la política de eludir el escrutinio judicial en casos de tortura y traslado de prisioneros a terceros países, afirmó Ben Wizner, abogado que defendió el caso de ACLU en San Francisco.
Wizner añadió que el caso planteado contra Boeing era "una oportunidad" para que el nuevo Gobierno interviniera en el problema de la tortura y el traslado de prisioneros.
"En cambio, ha decidido seguir la misma política. Ahora esperamos que el tribunal ejerza su independencia y rechace los falsos alegatos del Gobierno sobre los secretos de Estado", agregó.
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