Valladolid.- La directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Rocío Lucas, ha defendido hoy en las Cortes regionales el respeto "escrupuloso" que ante la ley presidió en su día la renovación de 249 directores de colegios e institutos, que la oposición socialista califica de "fiscalización".
La directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Rocío Lucas (i), con la presidenta de la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, María Canto Benito (d), antes de su comparecencia sobre la sentencia que declara ilegal el proceso de renovación de directores de centros educativos de Castilla y León.
El PSOE ha esgrimido una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde se anula la renovación de esos directores efectuada en febrero de 2007, por entender que no fue realizada con arreglo a la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), vigente desde mayo de 2006 en sustitución de la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE), promulgada en 2003.
La portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Educación, María de la Luz Martínez, ha lamentado la ausencia en las Cortes del consejero, Juan José Mateos, para explicar "un caso tan grave como éste", y ha acusado a la administración regional de "deslealtad a la LOE" con el objetivo de "fiscalizar" y "controlar" los centros afectados por esas renovaciones.
"La renovación se realizó con arreglo a un criterio de clara falta de lealtad a la LOE, con el ánimo de perpetuar a ciertos directores en sus cargos pensando más en ejercer el control de los centros educativos que en promover la participación" de los mismos, ha denunciado Martínez.
La directora general, después de recordar que la Consejería de Educación "ha acatado" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha precisado que el fallo "sólo habla de nulidad, no de una actuación antidemocrática o inconstitucional" e insistido en que la actuación de la administración "siempre es escrupulosa con la ley".
En la misma línea que Castilla y León, la directora general ha mencionado el ejemplo de otras diez comunidades autónomas que han obrado de igual forma, como han sido Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra.
Las referidas renovaciones, por un nuevo periodo de cuatro años, se realizaron con arreglo a la LOCE, en vigor desde 2003 pero sustituida por la actual LOE en 2006, donde se establece un año de transición para el nombramiento de directores pero no para las renovaciones, según entendió en su día el Gobierno autonómico.
Esta situación afecta a los máximos responsables de centros públicos cuyo mandato finalizaba el 30 de junio de 2007 y que de forma automática se renovaron el 14 de febrero por un nuevo periodo de cuatro años, aunque de forma ilegal según el recurso interpuesto por la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León (ASPES), que motivó el fallo del Tribunal Superior de Justicia.
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