Ecuador aboga por una solución global y consensuada en su disputa sobre deuda externa

Washington.-  El Gobierno de Ecuador busca una "solución global" que sea financieramente conveniente para el Estado y "acordada" en la medida de lo posible con los tenedores de los bonos de deuda externa Global 2012 y 2030 que considera ilegítimos.

ampliar foto

(EFE)

El ministro de Economía de Ecuador, Diego Borja, explicó que el Gobierno no quiere precipitarse en el anuncio para que en el momento en que haga pública su propuesta de solución, ésta pueda ser aceptada por los acreedores. En la foto el ministro Borja el pasado 2 de febrero. EFE/Archivo

Así lo afirmó hoy el ministro Coordinador de la Política Económica de Ecuador, Diego Borja, en una entrevista con Efe, celebrada en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a donde acudió para perfilar los detalles de la concesión de un crédito de 500 millones de dólares para este año.

"El objetivo es tener una solución global (...) que en la medida de lo posible no sea unilateral, sino acordada con los acreedores. La solución global tiene que ser financieramente conveniente para el Estado ecuatoriano", explicó Borja.

Ecuador impugnó jurídicamente la legitimidad de la deuda comercial, de los bonos 2012 y 2030, después de que en noviembre una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), conformada por el Gobierno, concluyera que varios tramos de la deuda externa, incluidos esos dos, presentaban indicios de "ilegalidad" en la emisión, por lo que anunció que no iba a pagarlos.

En el caso de los bonos 2012, el Gobierno declaró en diciembre un "default" (mora) sobre el pago de los intereses. En lo que se refiere a los bonos 2030, el plazo para abonar los intereses vencen el próximo 15 de febrero, y dada su impugnación, se prevé que Ecuador también anuncie una moratoria sobre ellos.

De hecho, a mediados de enero, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que el Gobierno decidió suspender el tramo del pago de los bonos 2012 y también de los 2030, pero hasta ahora no se ha declarado oficialmente una mora sobre estos últimos.

Un equipo asesor financiero y otro jurídico trabajan en un plan de propuesta para solucionar este problema entre el Gobierno y los acreedores. El anuncio se hará "próximamente" y en el "momento que se crea oportuno", indicó Borja.

El ministro explicó que el Gobierno no quiere precipitarse en el anuncio para que en el momento en que haga pública su propuesta de solución, ésta pueda ser aceptada por los tenedores.

El Ejecutivo ecuatoriano pretende que sea una solución consensuada. Si el acuerdo no puede ser "total" con los acreedores, entonces el objetivo es que sea "mayoritario", recalcó Borja.

Pese al deseo de Ecuador de lograr un acuerdo consensuado con los tenedores de los bonos, Borja no quiso hablar de negociaciones entre el Gobierno y los afectados por la suspensión del pago.

"Nosotros tenemos un equipo de asesores jurídicos y uno financiero. Ellos están en contacto con gente que les pregunta o muestran su voluntad de llegar a un acuerdo", señaló.

El pasado 15 de enero, Correa dijo que el Gobierno hará una propuesta para la compra de la deuda "ilegítima", pero Borja afirmó hoy que los "instrumentos no han sido señalados".

"Puede ser una combinación de instrumentos o uno solo. Esta definición la haremos una vez tengamos las distintas opciones de los asesores financieros y legales", explicó.

De momento no hay demandas presentadas por los tenedores de los bonos contra Ecuador, señaló el ministro, pero para el caso de que las hubiera en el futuro, el Gobierno ha contratado los servicios del despacho de abogados de Washington Foley Hoag.

Borja atribuye la ausencia de demandas judiciales contra el Estado ecuatoriano a que "el mercado está esperando a saber cuál es la propuesta de solución que dé el Gobierno antes de iniciar acciones que pueden ser costosas para los acreedores y costosas para el Ejecutivo", dijo.

La deuda externa pública de Ecuador supera los 10.000 millones de dólares, de los cuales poco más de 3.860 millones corresponden a los bonos Global 2012 y 2030.

Borja consideró que en esta disputa, a Ecuador "le asiste la razón y la justicia".

"En ese contexto de recuperación de la razón, de la justicia y de la dignidad queremos una solución práctica que funcione para Ecuador, que le sea conveniente en términos financieros y económicos y que funcione para los tenedores de los bonos", recalcó.