Publican documentos sobre la compra de equipos de espionaje en la Marina de Perú

Lima.-  Una serie de documentos que confirmarían la adquisición que hizo la Marina de Guerra de Perú en 2000 de equipos de espionaje telefónico, aparentemente utilizados en un caso de corrupción que salpicó al Gobierno, fueron publicados hoy por la prensa local.

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(EFE)

La Justicia y el Congreso peruano investigan actualmente el espionaje telefónico, que se destapó en octubre pasado junto a las irregularidades en la concesión de varios lotes petroleros a la noruega Discover Petroleum. EFE/Archivo

El diario Perú.21 y la revista Caretas revelaron que la Marina compró ese año y, de manera oficial, dos equipos de interceptación telefónica Triggerfish y cuatro Handheld por un monto de 161.600 dólares.

La Justicia y el Congreso peruano investigan actualmente el espionaje telefónico, que se destapó en octubre pasado junto a las irregularidades en la concesión de varios lotes petroleros a la noruega Discover Petroleum.

El caso de corrupción petrolera salió a la luz cuando la prensa divulgó una serie de conversaciones telefónicas entre los principales protagonistas de este escándalo, que provocó la salida del gabinete del entonces primer ministro Jorge del Castillo.

El espionaje telefónico presuntamente fue realizado por la empresa Business Track, dirigido por el contraalmirante retirado Elías Manuel Ponce Feijoó y su segundo, el capitán de corbeta retirado Carlos Tomasio, ambos detenidos junto a otros cuatro trabajadores de esa compañía.

Las autoridades también investigan si la empresa Petrotech, recientemente transferida a un consorcio colombo-surcoreano, está implicada al caso del espionaje telefónico.

En la interceptación telefónica están implicados miembros activos y retirados de la Marina de Guerra, aunque el ministro peruano de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, aseguró que esa arma nunca compró esos equipos.

Pero hoy, Perú.21 y Caretas publicaron una carta fechada el 29 de noviembre de 1999 que le envía el agregado naval Carlos Sarmiento, a la empresa gubernamental Harris Corporation, encargada de vender los equipos a nombre del departamento de Estado de EE.UU. en la que se expresa el interés por adquirir los aparatos.

En esa misiva, Sarmiento señala que su adjunto Carlos Tomasio será el enlace de la operación y subraya que la Marina será la "única usuaria final" de los equipos.

El matutino Perú.21 publicó una segunda misiva fechada el 6 de enero de 2000, donde Tomasio solicita la referida compra, así como un certificado que autoriza su envío y un cheque girado presuntamente por un funcionario de la Marina, el 24 de julio de 2000, a Harris por un monto de 110.000 dólares, el costo de los dos Triggerfish.

Por su lado, el semanario Caretas informó que Tomasio declaró ante la Fiscalía peruana que esos equipos iban a ser destinados a Chile.

"Tuve conocimiento de que uno de los equipos iba a ser enviado a la ciudad de Valparaíso en Chile por encontrarse allí el Congreso y la Base Naval de Chile", dijo Tomasio, actualmente detenido, en declaraciones citadas por el semanario.

"El otro equipo iba a ser ubicado cerca del Palacio de la Moneda, de acuerdo a la información que me proporcionó el comandante general de la Marina, el almirante (Antonio) Ibárcena. Se trataba de una operación de inteligencia de alto nivel", agregó Tomasio.

Pero la Marina mostró tres documentos a la Fiscalía en relación a estos polémicos equipos que dan cuenta que solo llegaron "partes electrónicas" de Miami el 21 de julio de 2000, aunque aseguró que no hay registro de dinero, ni del destino de estos equipos.

Apareció, en cambio, una comunicación de Harris en la que se cancela la compra, de acuerdo al semanario.

La revista agregó que el rastro de los equipos se pierde en el 2000, poco antes de que el entonces presidente peruano Alberto Fujimori, renunciara a su cargo desde Japón, tras destaparse una enorme red de corrupción y espionaje dirigido por su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos.