El Parlament aprueba la Ley de Medidas Tributarias para impulsar la economía

Palma.-  El Parlament balear ha aprobado, con los votos en contra del PP y la inclusión de cuatro enmiendas de este grupo, la Ley de Medidas Tributarias para Impulsar la Actividad Económica en Baleares, que supondrá para los beneficiarios un ahorro fiscal conjunto de 57 millones de euros.

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(EFE)

El Parlament balear ha aprobado, con los votos en contra del PP y la inclusión de cuatro enmiendas de este grupo, la Ley de Medidas Tributarias para Impulsar la Actividad Económica en Baleares, que supondrá para los beneficiarios un ahorro fiscal conjunto de 57 millones de euros. EFE/Archivo

Esta norma nace de un decreto ley aprobado en octubre por el Consell de Govern -ratificado en el Parlament con la condición de que fuera tramitado como un proyecto de ley-, y pretende potenciar la actividad productiva para mantener el empleo, la actividad inmobiliaria, el acceso a la vivienda y adaptar los beneficios fiscales al tramo autonómico del IRPF.

El pleno también ha aprobado, por asentimiento de todos los grupos, dos artículos de una moción del PP que plasman la preocupación del Parlament por la destrucción de empleo en Baleares y por los términos en que se está desarrollando la negociación de la financiación autonómica.

De las 18 enmiendas que el PP presentó al proyecto de medidas tributarias, se ha dado luz verde por asentimiento a cuatro, que se materializarán en dos nuevos artículos.

Estos artículos prevén una deducción autonómica de 50 euros en el IRPF para los contribuyentes mayores de 65 años y otra de 250 y 300 euros para hombres emprendedores menores de 36 años y mujeres emprendedoras de todas las edades, respectivamente.

La "enmienda más ambiciosa" que había presentado el PP al proyecto, según ha expuesto en la Cámara el diputado Jaume Tadeo, es una deducción general de 1,5 puntos del tramo autonómico del IRPF, lo que supondría un ahorro para todos los contribuyentes de unos 50 millones y fomentaría el consumo.

En este sentido, el diputado socialista Joan Boned ha explicado que no se aprobaría esta enmienda porque la ley prevé ayudar a colectivos concretos, no aplicar medidas generalizadas, y ha añadido que la misma supondría un "desequilibrio" para las cuentas de la comunidad.

Esta tesis la han compartido los diputado del Bloc Biel Barceló y de UM Josep Meliá, que han recordado que las rebajas fiscales generalizadas no son una buena opción para afrontar la crisis en un momento en que se apuesta por la intervención pública en la economía.

La nueva ley recoge varios beneficios fiscales, como la reducción el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas del 4 por ciento actual al 2 por ciento para empresas concesionarias (bares y restaurantes, por ejemplo) que mantengan su cifra de empleados.

También se reducirá este impuesto del 7 por ciento actual al 6 en el tributo aplicable a las operaciones de compra de patrimonio a empresas, siempre y cuando mantengan la actividad económica durante cinco años.

Asimismo, si se trata de una donación o transferencia de la empresa a un miembro de la familia, se incrementará la reducción del impuesto del 95 por ciento que se aplicaba hasta ahora, al 99 por ciento.

Se aplicará también una reducción del 99 por ciento (hasta ahora era del 57 por ciento) en los impuestos por donaciones de dinero entre familiares, por ejemplo, de padres a hijos, si el fin es crear una empresa que genere nuevos puestos de trabajo.

En cuanto a colectivos desfavorecidos, los menores de 36 años, las personas con una discapacidad de al menos el 65 por ciento, y las familias numerosas podrán deducir entre el 50 y el 75 por ciento del impuesto de transmisiones en el IRPF, para mejorar su acceso a la vivienda e impulsar la actividad inmobiliaria.

El decreto fija también que la deducción autonómica por el alquiler de un piso pasará del 10 por ciento al 15 por ciento, es decir, subirá de los actuales 200 euros a 300 para los colectivos antes citados.

Además, el Govern aumentará un 51,5 por ciento la deducción de impuestos -que pasa del 6,6 al 10 por ciento- para personas con al menos un 33 por ciento de discapacidad que hagan obras en su vivienda para adaptarla a sus necesidades.